Urbanismo ilegal, la preocupación del corregimiento de Palmarito
El debate
Una tensa sesión de control político en el Concejo Municipal de Pitalito derivó este miércoles en un intenso debate sobre la expansión del urbanismo ilegal en las zonas rurales, la falta de articulación institucional y los vacíos en la ejecución del Plan de Desarrollo.
La protagonista del encuentro fue la corregidora de Palmarito, Janier Juliet Molina Peña, citada mediante la Proposición No. 051 de 2025 para rendir su informe de gestión y responder a las inquietudes de los corporados.
El tema central giró en torno al crecimiento de los loteos y construcciones sin licencia que proliferan en el corregimiento de Palmarito.
La corregidora informó haber identificado seis presuntas urbanizaciones ilegales, frente a las cuales se han realizado inspecciones oculares y se han iniciado procesos policivos conforme al artículo 135 de la Ley 1801 de 2016. Sin embargo, reconoció que el control es limitado y que muchas veces los infractores desaparecen antes de que la autoridad pueda intervenir.
La concejal Sandra Milena Calderón Blanco manifestó su preocupación por la falta de seguimiento a las cinco parcelaciones reportadas el año anterior, que ahora habrían aumentado a seis sin que existan soportes formales de las acciones adelantadas.
Los concejales Clarena Mora, Manuel Muñoz y Fabián Bolaños señalaron directamente a Planeación como la entidad responsable de la situación. Muñoz aseguró que los urbanizadores piratas se aprovechan de la necesidad de vivienda para vender lotes a precios elevados, sin servicios básicos ni legalidad.
Mientras tanto, Clarena Mora advirtió que los retrasos de hasta dos años en la entrega de licencias empujan a los campesinos a la informalidad.
Acomapañamiento institucional
Otro punto de crítica fue la falta de acompañamiento institucional en los operativos de control. Varios concejales denunciaron que los corregidores deben desplazarse solos, exponiéndose a insultos y amenazas, sin el respaldo de la Policía ni de Planeación.
La corregidora Molina confirmó esta situación, señalando que en numerosas ocasiones ha debido realizar visitas sin acompañamiento policial, lo que limita la capacidad de respuesta.
La sesión también evidenció una débil articulación entre los corregidores y las secretarías de la administración municipal.
La concejal Sandra cuestionó la pertinencia del plan de acción presentado por la corregidora, considerándolo más una lista de funciones que un verdadero plan de gestión, y reclamó desconocimiento sobre las metas concretas del Plan de Desarrollo en la zona rural.
En materia de infraestructura, la corregidora destacó la priorización de necesidades como la malla vial, la legalización de predios y la ampliación eléctrica. No obstante, uno de los temas más controversiales fue la gasificación de varias veredas, impulsada directamente por la comunidad con apoyo de la empresa privada Red de Gas, tras más de dos décadas de espera por parte de Surgas.
El concejal Manuel Muñoz criticó esta iniciativa al considerarla una promoción de intereses privados, mientras que la corregidora defendió la decisión afirmando que la comunidad se cansó de esperar soluciones institucionales.
Respecto a las vías rurales, la corregidora explicó que se han adelantado intervenciones mediante mingas y apoyo de maquinaria oficial, además de un contrato de consultoría (No. 524) para estudios y diseños de nueve placahuellas.
Sin resultados
Sin embargo, concejales como Octavio Ordóñez reclamaron la falta de ejecución de las obras, señalando que la comunidad lleva meses esperando resultados tangibles.
El concejo cerró la sesión con un llamado a mejorar la coordinación interinstitucional y a dejar de lado las divisiones políticas que, según el concejal Ordóñez, frenan el desarrollo del municipio. También se exhortó a los corregidores a buscar apoyo en los niveles departamental y nacional, aprovechando la gestión de los mismos concejales.
Pese a las críticas, los corporados reconocieron la difícil labor de los corregidores, quienes deben enfrentar presiones sociales, amenazas y limitaciones de recursos. La corregidora Molina Peña concluyó reiterando su compromiso con la comunidad y solicitando mayor respaldo institucional para lograr resultados más concretos en el control del urbanismo ilegal y la ejecución de los proyectos rurales.
