Vía judicial el alcalde de Pitalito indica que ningún periodista, ni directivo La Poderosa del Huila le ha hecho peticiones de índole económico
La libertad de prensa en Pitalito enfrenta una grave amenaza tras las recientes actuaciones del alcalde Yider Luna contra el medio La Poderosa del Huila. Después de que la administración municipal guardara silencio ante un derecho de petición, la justicia tuvo que intervenir mediante una acción de tutela tramitada en el Juzgado Tercero Civil Municipal.
Solo bajo esta presión judicial, la Alcaldía respondió alegando que el retraso se debió a un «evento técnico en plataforma EXTRANET», argumentando que un error del sistema impidió el envío oportuno de la respuesta.
En la respuesta oficial, la Oficina Jurídica del municipio intentó blindar al mandatario de las repercusiones legales de sus publicaciones en redes sociales. La defensa técnica sostiene que la publicación del alcalde del 13 de octubre de 2025 “no tuvo como propósito señalar, individualizar, ni atribuir conducta alguna a un medio de comunicación específico”
No obstante, esta afirmación resulta profundamente incoherente, ya que en sus redes sociales el alcalde Yider Luna mencionó el pasado 12 de junio de 2026, directamente a la emisora y a su propietario, Reinaldo Rodríguez, llegando incluso a manifestar que «asumo la responsabilidad que corresponda frente a mis palabras» ante la falta de pruebas presentadas en ese momento.
Lo más contundente de la respuesta judicial es el reconocimiento de que la administración no tiene base para sus acusaciones de chantaje económico contra la institución periodística. La Alcaldía certificó que: “No existe evidencia, ni registro alguno que indique que los representantes legales de la emisora La Poderosa, hayan realizado solicitudes o exigencias económicas al señor Alcalde Municipal”.
Respecto a la noticia criminal contra el excolaborador Leonardo Reyes, las fuentes aclaran que se trata de un proceso individual por presuntos delitos de extorsión e injuria, el cual es ajeno y no tiene relación con el ejercicio periodístico desarrollado por el equipo de La Poderosa del Huila durante su tiempo de vinculación.
Esta estigmatización institucional resulta alarmante en un municipio con un historial de violencia donde el ejercicio informativo ha costado vidas. Los casos de los periodistas asesinados Nelson Carvajal, en 1998, y Flor Alba Núñez, en 2015, son recordatorios constantes del peligro que corren los comunicadores en la región.
Al realizar declaraciones temerarias que carecen de sustento fáctico según su propia oficina jurídica, el alcalde no solo falta a la verdad, sino que coarta la libertad de prensa y pone en riesgo la integridad física de quienes ejercen la labor de control social en Pitalito.
