Incertidumbre en Pitalito ante el Catastro Multipropósito. entre el alza de impuestos, la “burbuja” inmobiliaria y el reto del concejo municipal para evitar un golpe al bolsillo de los contribuyentes
En la emisión del programa institucional «¿Y Quién Responde?» de La Poderosa del Huila, el viernes anterior, se analizó a fondo el avance y las implicaciones del catastro multipropósito en el municipio.
Con la participación de representantes del sector comercial, inmobiliario y el Concejo Municipal, la discusión dejó claro que, aunque la actualización es necesaria tras años de rezago, existe un temor generalizado por el impacto económico que tendrá en los contribuyentes.
De acuerdo con informes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) socializados la semana anterior, en Pitalito se han reconocido 40,321 predios, lo que representa un 67% de avance frente a los 59,887 identificados en total: Esta actualización es crítica, considerando que el sector rural no se actualiza hace 20 años y el urbano hace 12.
El consenso entre los invitados es que la actualización derivará en un incremento de los avalúos catastrales y, por ende, en el impuesto predial y de industria y comercio.
El evaluador Juan Carlos Buriticá, experto del sector inmobiliario, señaló que Pitalito vive una situación de precios elevados, llegando a ser más costoso que Neiva en términos de arrendamientos y lotes
Advirtió sobre una posible burbuja inmobiliaria y cómo el aumento del avalúo impactará la ganancia ocasional al momento de vender un inmueble, lo que afectará las declaraciones de renta de los ciudadanos.
Actualmente, el metro cuadrado en el centro puede oscilar entre los 8 y 12 millones de pesos, mientras que en barrios periféricos está entre 800 y 950 mil pesos.
El comerciante César Augusto Bolaños expresó la incertidumbre del gremio, pues un local que hoy se avalúa en 450 millones podría pasar a valer 800 millones, disparando los costos comerciales y los arriendos
Además, criticó posibles errores en la toma de datos mediante drones o satélites, que podrían confundir estructuras menores (como galpones de pollos) con viviendas de gran tamaño.
La concejal Sandra Milena Calderón resaltó que el catastro multipropósito también vendrá acompañado de una actualización de la estratificación, lo que podría hacer que viviendas en estratos 1, 2 o 3 suban de categoría, perdiendo excepciones legales en las tarifas de impuestos.
Una de las mayores claridades de la jornada fue la división de responsabilidades: el IGAC hace el avalúo, pero el Concejo Municipal fija las tarifas.
La concejal Calderón explicó que el Concejo tiene la tarea de actualizar el Estatuto Tributario (Código de Rentas) para ajustar las tarifas a la nueva realidad.
Sin embargo, advirtió que esto depende exclusivamente de la voluntad del alcalde, quien debe presentar el proyecto de acuerdo, idealmente en noviembre o diciembre de este año, para que las nuevas tarifas se apliquen en 2027.
De no presentarse esta actualización a tiempo, se corre el riesgo de que se apliquen las tarifas actuales (que tienen una base mínima del 5 por 1000) sobre los nuevos avalúos incrementados, lo que resultaría en cobros desproporcionados.
De otro lado, el evaluado Juan Carlos Buriticá explicó que se conoce como “la ganancia ocasional” como la diferencia económica entre el valor históricamente bajo registrado en las escrituras y el nuevo avalúo o precio de venta real
Dijo que esa brecha se genera usualmente porque los propietarios reportan valores mínimos para reducir los gastos notariales al momento de la compra.
El debate también puso de relieve la falta de «empatía» en la Secretaría de Hacienda para atender reclamaciones.
El comerciante Cesar Augusto Bolaños, relacionó los casos críticos como los barrios León 13, Libertador y Las Acacias, que al estar en zonas de riesgo tienen restricciones de construcción, pero siguen pagando tarifas altas (9 por 1000) sin que se realicen obras de mitigación.
El catastro multipropósito es una herramienta de planificación necesaria para el desarrollo de Pitalito, pero su éxito dependerá de una implementación sensible por parte de la administración municipal y un control riguroso del Concejo para garantizar que el recaudo sea equitativo y no lesivo para la economía local.
