Grave enfrentamiento entre el alcalde de Pitalito y el Comité de Cafeteros por la planta de beneficio revela fuertes tensiones financieras, líos de escrituras y reclamos por obras viales particulares

Un álgido choque político y gremial se ha desatado en el municipio de Pitalito en torno al proyecto para la construcción de una nueva planta de beneficio húmedo y central de transformación de café, una ambiciosa obra estimada en 11.000 millones de pesos. El cruce de fuertes acusaciones entre el alcalde de Pitalito, Yider Luna, y el representante del Comité Departamental de Cafeteros, Gerardo España, ha hecho evidente que, más allá de la viabilidad técnica de la obra, existen profundas diferencias personales, disputas por la autoría de la gestión y reclamos por la asignación de recursos públicos.

El detonante público inició con las declaraciones del alcalde Yider Luna, quien tildó a Gerardo España de «sinvergüenza» y de mentirle al gremio al afirmar que la administración municipal no quería apoyar el proyecto. Luna sostuvo que fue iniciativa de su alcaldía presentarse ante la Federación Nacional de Cafeteros para solicitar la obra y gestionar con Cormagdalena un terreno de 5 hectáreas en la finca Marengo. 

El mandatario aseguró tener listos el uso de suelo, el lote y un aporte de 3.000 millones de pesos. Sin embargo, expresó su gran preocupación tras una reunión con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, quien supuestamente le manifestó que España y la directora ejecutiva del Comité, Edna Yolima Calderón, no querían el proyecto para Pitalito sino que lo estaban pidiendo para el municipio de La Plata. Luna acusó además al líder cafetero de proteger intereses personales, señalando los honorarios y viáticos que recibe del gremio, y de atribuirse políticamente otras obras municipales como canchas sintéticas y placas huellas.

Por su parte, Gerardo España respondió de manera contundente a los señalamientos del mandatario.

El representante cafetero desmintió que el proyecto fuera de autoría del alcalde, afirmando que la iniciativa provino originalmente del Comité de Cafeteros desde la anterior administración de Edgar Muñoz. España aclaró que la traba principal radica en que, tras casi dos años de gestiones, la alcaldía aún no ha presentado las escrituras públicas del lote Marengo, un requisito indispensable debido a que la institucionalidad cafetera no puede invertir recursos en un predio que no esté debidamente registrado.

En su defensa, España lanzó una grave acusación contra el alcalde, asegurando que la verdadera razón de su molestia y sus ataques públicos se debe a que el Comité de Pitalito no le aprobó la pavimentación de 500 metros de placa huella en la vía que conduce hacia el «Pueblito Huilense», un sector turístico en el cual el alcalde tiene intereses de propiedad. Según España, la decisión de no autorizar dicha obra fue del comité local y no exclusivamente suya, argumentando que las placas huellas están destinadas a las zonas críticas de los caficultores de ladera y no a tramos planos vinculados a propiedades particulares de funcionarios. Asimismo, defendió el cobro de sus honorarios, argumentando que son equivalentes a los de un concejal para poder movilizarse por los cinco municipios que representa.

En medio de este rifirrafe, la directora ejecutiva del Comité Departamental de Cafeteros del Huila, Edna Yolima Calderón, ha salido a aclarar la situación institucional del proyecto. Calderón Ome desmintió tajantemente las versiones sobre una supuesta falta de interés del gremio y expresó la total disposición del Comité para sacar adelante la central de beneficio. No obstante, la directora ejecutiva ha sido enfática en que no se deben generar «falsas expectativas» en la comunidad hasta que no se logre el cierre financiero real de la obra. 

Explicó que los 3.000 millones prometidos por la alcaldía no cubren el presupuesto total de 11.000 millones requeridos, por lo que se mantienen gestiones con el Gobierno Departamental para conseguir nuevos aliados. Adicionalmente, Calderón reiteró que es indispensable realizar los trámites legales correspondientes para garantizar que el terreno en Marengo no esté afectado por restricciones de la Ley Segunda y que la propiedad quede registrada formalmente para dar viabilidad legal definitiva al proyecto.