La crisis sanitaria en el sur del Huila se agudiza ante el inminente llenado de la última celda de disposición final de Biorgánicos del Sur, cuya fecha límite operativa ha sido fijada para el 29 de mayo de 2027. 

Esta realidad representa un drástico recorte en la vida útil de la estructura, originalmente proyectada para durar hasta el año 2032. El preocupante panorama actualiza los primeros informes de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, abriendo un intenso debate sobre las soluciones de corto plazo y la viabilidad del propuesto Parque Tecnológico Ambiental, teniendo en cuenta que el llenado de la celda actual estaría previsto para el 29 de mayo de 2027.

Para mitigar la emergencia inmediata, el gerente de Biorgánicos del Sur, Gerardo Floriano, planteó como «Plan B» la ampliación de la celda actual mediante el confinamiento de dos celdas ya existentes, descartando provisionalmente la construcción de una nueva fosa. Esta obra, valorada en 1.300 millones de pesos y con un tiempo de ejecución de cuatro meses, ampliaría la capacidad en 128.831 metros cúbicos. 

No obstante, el director de la zona sur de la CAM, Carlos Andrés González, advirtió que la corporación emitió 31 requerimientos técnicos de forma y fondo —especialmente sobre la estabilidad del suelo— tras una mesa técnica el pasado 13 de agosto, los cuales la empresa debe subsanar antes de que se apruebe la modificación de la licencia ambiental.

Como solución definitiva de largo plazo, Floriano promueve la transición hacia un Parque Tecnológico Ambiental que reemplace el obsoleto modelo de «enterrar basuras» por una operatividad industrial de economía circular. El gerente argumentó que los equipos actuales, como el Tromel y la banda transportadora, están depreciados y operan al límite de su capacidad técnica. 

La consultoría para este parque tecnológico costó 30 millones de pesos, contratada con la Fundación Tecnológica de Neiva, y proyecta una inversión de 12.700 millones de pesos para materializar un sistema adaptado a la alta humedad de los residuos de la región, sin embargo, esta importante obra que resultaría como la solución a la inminente crisis de basuras del sur del Huila, no tiene hasta el momento cierre financiero.

Sin embargo, la posibilidad de una catástrofe ambiental y el manejo de estos proyectos despiertan alarma en el Concejo de Pitalito. 

La concejal Sandra Calderón Blanco denunció con preocupación que la celda actual se colmató en menos de tres años cuando debía durar más de siete. Blanco calificó de arriesgado gastar recursos públicos en estudios para un parque de 12.700 millones de pesos sin contar previamente con el aval ambiental de la CAM, alertando que el dinero podría perderse. 

Asimismo, advirtió que el sector se ha convertido en el «basurero del sur» y que los olores nauseabundos y el avistamiento de aves carroñeras están afectando gravemente a las comunidades locales y al turismo de la zona.

Adicionalmente indicó que en el nuevo POT para Pitalito, la planta de biorgánicos debería cerrarse tras el cerrado de la última celda. 

El concejal Jimmy Mota se sumó a las voces de alerta manifestando su zozobra ante la proliferación de malos olores y vectores, señalando que la base del problema radica en que Pitalito y la región carecen de un verdadero aprovechamiento . Mota enfatizó que «abrir más celdas es la salida fácil» y advirtió que el territorio del municipio no dará abasto para albergar los residuos inservibles de todo el sur del departamento si no se asumen medidas drásticas de separación en la fuente.

Por su parte, el concejal Manuel Muñoz catalogó de inminente la contaminación que sufren los turistas que viajan hacia San Agustín por causa de los fétidos olores provenientes de la planta, rechazando que se sigan recibiendo basuras de otros departamentos como el Putumayo. 

En consonancia, el cabildante Leonel Alvarado recordó que el relleno ha sido un foco de conflictos desde su planeación y advirtió que actualmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no tiene otro sitio aprobado para disposición de residuos, lo que pone a los nueve municipios socios a las puertas de una parálisis sanitaria total si las comunidades de la zona deciden tomar vías de hecho.

La dimensión económica de la crisis también fue expuesta por el concejal Jeremías, quien explicó que trasladar las basuras a rellenos en Neiva o Florencia, o reubicar el relleno en Altamira, implicaría costos de disposición astronómicos e inmanejables para las tarifas que pagan los usuarios. Aunque Jeremías reconoció que el Parque Tecnológico es la única salida real para superar el enterramiento de basura, mostró su preocupación de que este complejo diseño se quede en un «limbo» de papel debido a la falta de presupuesto y a la inminencia de los cambios de administración.

Frente a esta inactividad, el Procurador Judicial Ambiental y Agrario, Álvaro Hernando Cardona, lanzó una seria advertencia basada en el incumplimiento de la sentencia de acción popular que obliga a los municipios a reducir la basura enviada y optimizar las rutas selectivas. Cardona señaló que los plazos ordenados por la justicia ya están vencidos y que, ante el caso omiso de varias administraciones, la Procuraduría está recabando pruebas para iniciar incidentes de desacato ante el Tribunal Administrativo del Huila, lo que acarreará severas sanciones económicas para los alcaldes responsables. Añadió además que su despacho aún no conoce en detalle el proyecto de parque tecnológico de largo plazo.

Con la cuenta regresiva en marcha hacia el 29 de mayo de 2027, el sur del Huila se debate entre la urgencia de lograr una compleja viabilidad técnica y financiera para ampliar la celda actual, o enfrentar el colapso definitivo del sistema de aseo regional que forzaría el traslado masivo de residuos a otras zonas del país, multiplicando los costos para miles de ciudadanos.