Preocupación en el Huila por 15 ataques terroristas recientes, de los cuales 8 fueron ejecutados mediante drones cargados con explosivos.
El departamento del Huila afronta una de sus crisis de seguridad más complejas en los últimos años debido a la intensificación de las acciones bélicas cometidas por grupos armados ilegales.
En los últimos meses se han registrado al menos 15 situaciones de alteración del orden público en la región, de las cuales ocho corresponden a ataques ejecutados mediante el uso de drones cargados con explosivos. Esta racha de violencia responde a la ubicación estratégica del territorio, utilizado como un corredor clave de movilidad hacia zonas de influencia armada en los departamentos de Cauca, Caquetá, Tolima y Putumayo.
La más reciente arremetida delictiva se concentró en un lapso inferior a las 36 horas, periodo en el cual se ejecutaron ataques coordinados contra las estaciones de policía de los municipios de Palermo y Teruel, además de un hostigamiento armado en Íquira. Estos episodios consecutivos encendieron las alarmas de las autoridades departamentales y de los organismos de socorro, obligando al despliegue inmediato de planes de contingencia para proteger a las unidades policiales y a la población civil.
El 15 de octubre (pasado jueves) el municipio de Palermo fue escenario de una acción terrorista perpetrada con tres drones acondicionados con cargas explosivas. Dos de las aeronaves no tripuladas impactaron la infraestructura de la estación de policía local, causando destrozos en la cubierta de mallas y tejas y dejando dos uniformados heridos. El tercer dispositivo detonó en una vivienda particular cercana a la sede policial y al Palacio de Justicia Municipal, generando momentos de angustia entre los pobladores. Los policías lesionados recibieron las primeras atenciones en el hospital local y posteriormente fueron remitidos al Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva.
Menos de un día después, el viernes 16 de octubre hacia la 1:32 p. m., la violencia se trasladó al municipio de Teruel, donde la estación de policía fue blanco de otro ataque mediante drones explosivos. La detonación causó heridas a personal policial y daños materiales, lo que motivó la activación del Plan Candado ante la fuga de los presuntos responsables en una motocicleta. Como respuesta inmediata a estos atentados aéreos, la Alcaldía de Palermo expidió un decreto para prohibir el vuelo de drones particulares en su casco urbano y habilitó un plan de recompensas de hasta 15 salarios mínimos para quien suministre información que permita evitar nuevos ataques.
A este ambiente de zozobra se sumó el hostigamiento armado registrado en el municipio de Íquira, donde hombres armados realizaron ráfagas de disparo contra las instalaciones policiales. La oportuna reacción de las tropas desde los puntos de facción permitió contener el ataque y repeler a los insurgentes, requiriéndose el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional para efectuar patrullajes en la zona. Adicionalmente, las autoridades detectaron la presencia de un cilindro presuntamente cargado con explosivos en la carretera que comunica a la cabecera municipal con el centro poblado de Valencia La Paz.
Los recientes episodios en Palermo, Teruel e Íquira se suman a los preocupantes antecedentes registrados semanas atrás en la región. El pasado 12 de septiembre, disidencias de las FARC emboscaron con explosivos a un convoy de la Novena Brigada del Ejército en la vereda El Quebradón, jurisdicción de Algeciras, dejando un saldo trágico de dos militares muertos y diez soldados heridos. Ese mismo día, las tropas militares que realizaban labores de patrullaje en el municipio de La Plata sufrieron otro ataque con drones acondicionados con explosivos.
Las acciones terroristas contra la infraestructura física y el transporte intermunicipal también han impactado la economía regional. El pasado 11 de octubre, hombres fuertemente armados en motocicleta interceptaron un bus de servicio público de la empresa Coomotor en la vía La Plata – Neiva, obligaron a los pasajeros a descender y le prendieron fuego, hecho presuntamente vinculado a cobros extorsivos. De igual manera, el 5 de octubre se registraron atentados simultáneos con explosivos contra la estación de policía del municipio de Aipe y contra la sede de la empresa de servicios públicos en Algeciras.
Frente a este complejo panorama judicial, las autoridades locales y los cuerpos de investigación avanzan en la recolección de pruebas materiales. En Palermo, las labores de verificación se apoyan en el análisis de las imágenes captadas por 56 cámaras de seguridad del sistema de videovigilancia municipal y en el canal de denuncias anónimas por WhatsApp. Los consejos extraordinarios de seguridad han contado con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal, la Fiscalía General de la Nación y la comandancia de la Policía Metropolitana de Neiva para coordinar las investigaciones.
La escalada delictiva mantiene en máxima alerta al departamento del Huila, mientras la fuerza pública mantiene patrullajes terrestres y sobrevuelos en los municipios afectados. Tanto los mandatarios locales como las comunidades han rechazado categóricamente estas acciones criminales que violan el derecho internacional humanitario y han reiterado su llamado al Gobierno Nacional para que incremente la presencia militar e institucional en la región.
