A paso lento avanza legalización de predios en Pitalito
En el marco de las sesiones extraordinarias, el Concejo Municipal de Pitalito llevó a cabo una nueva sesión en la mañana de ayer martes, cuyo punto central fue el estudio y aprobación en segundo debate de un proyecto de acuerdo clave para la formalización de la propiedad.
La plenaria dio el visto bueno al proyecto por medio del cual se faculta al alcalde municipal para realizar la cesión a título gratuito de bienes fiscales urbanos de propiedad del municipio de Pitalito.
El objetivo del acuerdo municipal es facultar al mandatario local, por un término máximo de seis meses, a transferir estos bienes inmuebles de condición fiscal mediante resolución administrativa. Esto busca que los solicitantes que cumplan con los requisitos legales obtengan el derecho real de dominio sobre los predios que han ocupado por tiempo considerable.
En principio, una noticia positiva y necesaria para avanzar en la formalización de la propiedad. Otorgar al alcalde la facultad de transferir el derecho real de dominio a los ocupantes de larga data no solo brinda seguridad jurídica, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de las familias laboyanas.
No obstante, el proyecto revela una preocupante disparidad entre el potencial identificado y la acción concreta por parte de la administración municipal. Mientras que la Secretaría Técnica de Vivienda y el Ministerio de Vivienda han establecido una base de datos de hasta 1.100 predios que podrían beneficiarse de la formalización, la alcaldía ha decidido inicialmente tramitar la legalización de tan solo 15 bienes específicos.
Esto representa un índice de ejecución inicial bajísimo, atendiendo a menos del 1.4% de los predios con vocación de ser formalizados
Las justificaciones ofrecidas por la Dirección de Vivienda, aunque parcialmente válidas, ponen en evidencia la debilidad o insuficiencia de la estrategia de la alcaldía para ejecutar este proceso vital, poca credibilidad de la comunidad y temor a cobros indebidos. Si existe desconfianza, la respuesta no puede ser la inacción, sino una campaña de comunicación masiva, pedagógica y transparente, liderada por el alcalde, que garantice la gratuidad y los derechos de los ciudadanos. La credibilidad se construye con resultados y presencia, no con el silencio.
Se requiere una voluntad política más decidida y una estrategia operativa más audaz y robusta para masificar la formalización y no demorar por años un derecho que las familias han esperado por décadas.