Destituido docente del Huila por tocamientos abusivos a 5 menones

En las más recientes investigaciones de casos de abuso sexual contra menores de 14 años, ocurridos en Atlántico y Huila, la Procuraduría General de la Nación tomó decisiones determinantes para combatir y erradicar la violencia generalizada contra las niñas que asistían a clases en dos instituciones educativas donde fueron víctimas de actos abusivos y acceso carnal.
El ente de control recuerda que a través de la estrategia Promujeres, promueve la igualdad de género y protege los derechos de todas las personas, implementando nuevas acciones para atender, intervenir y disciplinar desde un enfoque diferencial y de derechos humanos las violencias en razón del género y el sexo.
En cuanto al Huila, La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por el termino de 12 años, a Isidoro Méndez Vargas, ex docente de la Institución Educativa Divino Salvador, sede Villa Fernanda del municipio de Altamira, Huila (2018-2019), tras comprobar que entre 2018 y 2019 realizó tocamientos con fines sexuales no consentidos a cinco niñas menores de 14 años de su clase.
Mediante la investigación disciplinaria se estableció que el disciplinado utilizaba lugares poco frecuentados para asegurarse de no ser descubierto, tales como el salón de cómputo y el baño, donde les tocaba y besaba los senos, la vagina y los glúteos, y en ocasiones las obligaba a que le tocaran su miembro viril.
Asimismo, el ente de control comprobó que por la relación de autoridad que ejercía hacia sus alumnas, en otros casos, les pedía fotos por el celular, les decía que si estaban solas o acompañadas, que se tomaran fotos y se las enviaran, además, les sentenciaba que “lo que pasa en la escuela se queda en la escuela (…)”.
Contrario a lo argumentado por la defensa, el Ministerio Público determinó que las pruebas recaudadas no permiten establecer que las madres de las menores hubieran denunciado falsamente al disciplinable, ni tampoco se encontraron evidencias de las denuncias efectuadas por Méndez Vargas que comprueben las intimidaciones referidas.
La Procuraduría enfatizó que los establecimientos educativos deben reportar este tipo de situaciones en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), según el protocolo expedido para el abordaje pedagógico de las violencias basadas en género (VBG) en los entornos escolares.