Gobierno en líos por desacato: no revela viabilidad financiera de la reforma a la educación superior
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, enfrentan un incidente de desacato ante un juzgado de Bogotá por no acatar un fallo de tutela que les exige entregar información crucial sobre la viabilidad financiera de la reforma a la educación superior. La acción legal fue interpuesta por el abogado huilense Camilo Forero, quien ahora solicita sanciones que podrían incluir multas y hasta una orden de captura contra los funcionarios.
El caso gira en torno al proyecto de ley 212 de 2024, que busca modificar la Ley 80 de 1992 para reformar la financiación de las universidades públicas. Forero interpuso la tutela para que el Gobierno revelara los estudios técnicos, fiscales y económicos que sustentan la viabilidad del proyecto, el cual se encuentra en segundo debate en el Senado. Según el abogado, el avance de la reforma se ha visto estancado porque el Ministerio de Hacienda se ha negado a emitir el certificado de viabilidad financiera, sin dar explicaciones ni proponer alternativas para garantizar los recursos.
Fallo judicial y consecuencias
El Juzgado Once de Ejecución de Penas de Bogotá emitió un fallo que el Gobierno no impugnó, por lo que su cumplimiento es obligatorio. Sin embargo, el plazo para entregar la información requerida ya se venció. Este incumplimiento genera una gran preocupación, pues la reforma contempla un aumento de $22,1 billones entre 2027 y 2040, y la falta de claridad sobre su financiamiento podría poner en riesgo la sostenibilidad de las instituciones de educación superior.
El abogado Forero, quien ha solicitado que se apliquen sanciones por el desacato, ha señalado que la negativa del Gobierno a revelar la información es una falta grave a un mandato judicial.
No es la primera vez que el Gobierno enfrenta a Forero
Este incidente no es el primer revés jurídico que el Gobierno recibe por parte del abogado Camilo Forero en el ámbito educativo. Recientemente, el Consejo de Estado falló a favor de una acción de Forero, ordenando al Gobierno reglamentar la gratuidad en inscripciones y la exoneración del cobro de derechos de grado en universidades públicas de todo el país, según lo estipulado en las leyes 2367 y 2391 de 2024.