La Peligrosa línea Roja que cruzaron las Redes de Apoyo en Pitalito por un mal procedimiento y extralimitación de sus funciones
La reciente captura de Kevin Orlando Arias Forero, alias Kevin, de 23 años, un individuo con un extenso prontuario delictivo que incluye 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por homicidio, hurto calificado y fuga de presos, ha destapado una compleja realidad en Pitalito: la tensión entre la necesaria colaboración ciudadana y la extralimitación de las acciones de los grupos de vigilancia comunitaria.
La Captura y la Confesión Insólita
Alias Kevin, señalado como presunto responsable de un doble homicidio ocurrido en abril de 2024 que conmocionó a la comunidad laboyana, al asesinar a Jeison Fernando Díaz Fierro y causar heridas que llevaron a la muerte del fotógrafo Leonardo Santos Jiménez, fue objeto de una intensa persecución. Su historial y la gravedad de sus crímenes subrayan la importancia de su detención para la seguridad regional.
La detención de Arias Forero culminó una investigación que se extendió por cerca de ocho meses. El Departamento de Policía Huila resaltó que el apoyo de la comunidad fue fundamental para el éxito de la operación, pues la información proporcionada por los ciudadanos permitió avanzar en la pesquisa.
Durante el operativo de este primer doble homicidio, alias Kevin intentó evadir a las autoridades, atropellando a un uniformado y chocando contra un vehículo. Al ser aprehendido, el presunto homicida portaba objetos relacionados con prácticas de santería, entre ellos un muñeco de trapo. En una declaración que capturó la atención de los uniformados, el hombre de 23 años afirmó que el muñeco era el “duende diabólico que lo protegía” y que su caída ocurrió porque esa mañana “no le rezó”.
Sin embargo, alias Kevin recuperó la libertad, tan solo 6 meses después por vencimiento de términos.
El 1 de octubre, 8 meses después de haber sido capturado por porte ilegal de armas de fuego, y de estar vinculado en el doble homicidio; alias Kevin perpetró presuntamente un nuevo hecho de violencia que quedó captado en cámaras de seguridad. En inmediaciones del barrio Madelena, accionó un arma de fuego que acabó con la vida de Ferney Inchima, quien se movilizaba en un vehículo repartidor de gas propano. Inicialmente se indicó que sería por un presunto caso de hurto; hoy se investigan nuevas hipótesis.
La víctima, Ferney Inchima, también hacía parte de las redes de apoyo, que trabajan de manera articulada con las autoridades de policía en Pitalito. Este hecho desató la furia de la comunidad, lo que provocó que un grupo de hombres saliera en búsqueda del responsable de la muerte de su compañero.
El Riesgo de la Autogestión: Una Casa Destruida por la Venganza
El peligroso límite de la justicia comunitaria quedó expuesto el primero de octubre, cuando el presunto delincuente, en medio de una persecución, trató de evadir la captura ingresando a una vivienda vecina.
El dueño de la casa, que se encontraba trabajando, fue alertado por vecinos. El sospechoso se había pasado por la tapia y se escondía en el patio, específicamente en la alberca. Fue en ese momento que un grupo de vigilantes (descrito por los vecinos como más de 20 personas, todas vestidas de negro) ingresó de manera brusca y a la fuerza a la vivienda.
El habitante afectado denunció que el allanamiento se ejecutó sin una orden y sin ningún consentimiento del dueño. Al llegar, encontró su casa completamente destruida, «como si hubiera pasado por ahí un huracán». La lista de daños es extensa: la puerta de entrada fue forjada, puertas y ventanas estaban zafadas, vidrios quebrados, y bienes como colchones, camas, estufas, un televisor y un equipo de sonido fueron golpeados. Las pérdidas materiales se estiman en 20 millones de pesos aproximadamente.
Tras los hechos, la víctima manifiesta que siente temor, sobre todo, porque en algunas de las publicaciones de redes sociales se ha mostrado su vivienda, incluso con su dirección, dando a entender que este era el refugio utilizado por el capturado.
El residente, instauró una denuncia formal y una queja ante la Fiscalía y la Personería. La Representante del Ministerio público confirmó que se violaron algunos derechos debido al ingreso sin permiso y la sustracción de pertenencias.
Análisis: Colaboración Indispensable, Sustitución Ilegal
La dinámica de seguridad en Pitalito presenta una paradoja: mientras que el apoyo de la comunidad es una pieza clave y fundamental para el éxito de las operaciones policiales, y las redes de apoyo reciben capacitaciones en áreas como primeros auxilios y rescate para fortalecer su labor, sus acciones no pueden bajo ninguna circunstancia suplir la responsabilidad de las autoridades de policía judicial.
El caso del allanamiento ilegal del primero de octubre demuestra el peligroso resultado de la justicia por mano propia. La frustración ante la delincuencia, que puede llevar a estos grupos a actuar con rapidez, no justifica la violación de derechos de terceros inocentes.
Aunque las autoridades reafirman que la colaboración ciudadana es indispensable para combatir el crimen, es imperativo que las acciones de las redes de apoyo se limiten a ser un canal de información importante y un soporte de apoyo a las víctimas, y nunca un sustituto de la autoridad legalmente constituida.
Solo las autoridades competentes, como la Policía Judicial, tienen la facultad de realizar allanamientos mediante una orden legal, garantizando el debido proceso. La acción del «grupo de vigilantes» que ingresó sin permiso y destruyó la vivienda constituye un delito en sí mismo, poniendo en evidencia que, aunque la intención inicial sea combatir la delincuencia, el fin no justifica los medios cuando estos comprometen el Estado de Derecho.
La búsqueda de justicia para las víctimas de alias Kevin no debe generar nuevas víctimas inocentes. Las entidades como la Personería y la Fiscalía deben garantizar que las redes de apoyo, aunque vitales, operen dentro del marco legal, coordinando siempre con la policía para establecer orden y evitar que el clamor por seguridad se convierta en anarquía
