Mala gerencia y crisis financiera en EMPITALITO

 Mala gerencia y crisis financiera en EMPITALITO

“Crónica de una muerte anunciada” se indicó a instancias del concejo municipal de Pitalito el pasado viernes, luego que el gerente de la entidad, el ingeniero Ricardo Villarreal Artunduaga ahondara en el panorama técnico, financiero y administrativo de la entidad de servicios públicos. 

Según Villarreal, la empresa es financieramente inviable; además denunció que se infló la proyección de presupuestos de ingresos para viabilizar la carga nominal que hoy tiene a la entidad sin flujo de recursos para inversión. 

Según el concejal Franky Vega Murcia, tras el análisis del informe entregado por EMPITALITO, la empresa tiene a la fecha una planta de 78 empleados, de los cuales son 69 cargos oficiales y 9 empleados públicos, que  generan un gasto anual de $6.547 millones de pesos en nómina. “Si esos gastos de nómina me dan 6.547 millones divididos entre 78 empleados, me da un promedio de $83 millones por empleado al año.  dividido en 12 meses, nos da un promedio de 7 millones, que ganaría cada empleado mensualmente” indicó Vega Murcia, poniendo sobre la mesa los generosos honorarios que hoy llevan a la quiebra a la empresa más importante de los laboyanos. 

A corte del mes de julio, la empresa registra un déficit de $852 millones de pesos, pues aunque se tenía una proyección de presupuesto de $12.419 millones de pesos, el recaudo solo logró ingresos por $11.566 millones, casi mil millones por debajo de lo presupuestado. 

Según el gerente Villarreal Artunduaga, la empresa no tiene a hoy presupuesto ni para la compra de papelería y su renuncia se derivaría, no solo del estado financiero de Empitalito, sino del mal ambiente generado al interior, presiones de los sindicados y demandas interpuestas en contra del directivo. 

Por otra parte señaló, que los contratos para prestación de servicio para la vigencia 2024 están por el orden de los 450 millones de pesos, recursos que según el directivo ejecutó de los ahorros logrados en la contratación del año donde logró reducir costos, en la compra de quimicos, arriendo de la sede administrativa y plan de medios. 

“Nos estamos sacando los ojos” indicó Villarreal Artunduaga al manifestar que por el contrato de arrendamiento de $13 millones de pesos de la sede administrativa fue demandado ante la procuraduría y contraloría. 

 

Por su parte, la concejal Clarena Mora Mendez manifestó que ante la alarmante situación financiera y los altos costos que hoy tiene la nómina y las prebendas de los sindicatos, está de acuerdo con la liquidación de la empresa de servicios públicos. Mora Mendez indicó qué hoy puede ver a los laboyanos con la frente en alto. 

El concejal de Bruselas Jairo Enciso Muñoz, que en otrora indicó confiar en la buena gerencia del saliente gerente Henry Lizcano manifestó que a los políticos que pasaron por las directivas de esta empresa “les vale huevo” el municipio, manifestando que a la fecha las empresas públicas solo genera recursos para pagar la nómina. 

Ante el desfinanciamiento para inversión de recursos propios, el presidente del concejo German Gonzalo Díaz, hizo una proyección con un acueducto rural de su administración, e indicó que EMPITALITO debería tener por lo menos 6.500 millones de pesos listos en sus cuentas para inversiones. 

Igualmente, el presidente del corporado en su gran preocupación por el buen nombre de los cabildante le pidió al gerente de las empresas públicas que aclarara que el concejo no tiene facultades para la aprobación de tarifas y que nada tuvo que ver con la privatización del servicio de aseo. 

Otra de las grandes preocupaciones en torno al futuro de EMPITALITO está relacionada con el valor a pagar por demandas; procesos en los cuales los demandantes exigen que se declare la existencia de un contrato de trabajo, ya que “supuestamente laboraron de manera ininterrumpida, como barrenderos de calles, avenidas y lugares públicos del municipio de Pitalito, desde el año 1990 al año 2019 respectivamente” indica el documento presentado como informe al concejo. 

Las demandas están por cerca de los $6.000 millones de pesos, y las empresas públicas tienen destinado a ese rubro tan solo $200 millones indicó el concejal Octavio Ordoñez. 

Finalmente ante el riesgo financiero, una de las opciones que hoy se analizan es la intervención por parte de la superintendencia de servicios, lo que podría ser fatal para los usuarios. La situación deja ver las mentiras y malos manejos financieros y administrativos del saliente gerente Henry Liscano y el presidente de la Junta directiva el ex alcalde Edgar Muñoz.

“No me da alegría hoy tener la razón, me da es tristeza porque esta es la empresa de los laboyanos” concluyó el concejal de la oposición Franky Vega Murcia. 

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