«Mientras no tenga el cuerpo completo, mi lucha sigue… hasta que caigan los culpables»: la interminable búsqueda de las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Casi una década después de que 43 estudiantes desaparecieran en Ayotzinapa, México, sus familias todavía están esperando respuestas. En medio de una guerra contra los carteles de las drogas que han infiltrado todos los estamentos de la sociedad y ocasionado la desaparición de 110.000 personas, ¿podrán alguna vez encontrar la verdad?

“No es como cuando se muere una persona y dices, bueno, yo por lo menos sé donde está”, comenta Luz María Telumbre de su único hijo, Christian.

Ella y su esposo Clemente recibieron un fragmento de hueso de 2 gramos tomado de su pie derecho en 2020, seis años después de su desaparición. Era aparentemente lo único que quedaba de él, pero la familia de Christian no ha perdido la esperanza de que se haga justicia.

“Mientras no tenga el cuerpo completo, pues mi lucha sigue, hasta las últimas consecuencias, hasta que caigan los culpables”, dice Clemente en el documental de la BBC «Los 43 desaparecidos de México» (Disappeared: Mexico’s Missing 43).

La noche del 26 de septiembre de 2014, Christian formaba parte de un grupo de 43 estudiantes, todos hombres de zonas rurales pobres del país que viajaban de la institución de educación superior Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que tiene una larga trayectoria de activismo, a una protesta anual en la Ciudad de México.

Más de 60 estudiantes se congregaron en la ciudad de Iguala y abordaron unos autobuses en la terminal, solicitando a los conductores desviarse de su ruta, una tradición aceptada tácitamente en estas regiones de México, donde el transporte público es escaso. Pero, a la salida, se encontraron con bloqueos de carretera y hubo disparos.

La policía rodeó los autobuses y, tras un desenlace caótico, 43 estudiantes desaparecieron.

La «verdad histórica»

En 2019, después de que pasaran años sin encontrar a los estudiantes y sin que un solo responsable enfrentara a la justicia, el abogado de derechos humanos Omar Gómez Trejo fue designado para dirigir una nueva investigación.

Desde Washington DC, donde vive ahora porque que teme que en México no está garantizada su seguridad, Gómez Trejo le cuenta a la BBC: “Necesitamos trabajar sobre las desapariciones, pero también tenemos que esclarecer el encubrimiento”.

La investigación previa, dirigida por quien fuera un alto funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) y director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, sacó sus conclusiones a tres meses de las desapariciones. Los investigadores las tildaron de “verdad histórica”.

Afirmaron que policías corruptos en concierto con el exalcalde de la ciudad de Iguala y un cartel de las drogas local, Guerreros Unidos, había detenido a los estudiantes. Miembros del cartel los asesinaron, quemaron sus cuerpos en un vertedero público y arrojaron las cenizas al río San Juan.

Las familias de los desaparecidos quedaron indignadas de que los investigadores pudieran presentar el caso como resuelto sin encontrar a sus seres queridos.

Cristina Bautista Salvador, la madre de Benjamín, uno de los estudiantes desaparecidos, dice a la BBC que el gobierno creyó que con su anuncio “nos iban a tapar [callar]” y “que se vayan los campesinos”. «Pero con nosotros se equivocó», aseguró Cristina.

Omar Gómez Trejo en Washington DC
Omar Gómez Trejo afirmó que la investigación de las desapariciones fue «el trabajo más importante que he tenido en mi carrera profesional».

Nueva evidencia

Pero pronto empezaron a verse grietas en esta “verdad histórica”. Expertos independientes en antropología forense, contratados por los abogados que representan a las familias, pusieron en duda el descubrimiento de un hueso con ADN que había dado positivo para uno de los estudiantes desaparecidos.

El gobierno afirmó que los estudiantes iban a bordo de cuatro autobuses cuando fueron atacados, pero la evidencia de cámaras de seguridad reveló que había estudiantes en un quinto autobús que nunca se había mencionado.

Las familias se llenaron de nuevas esperanzas por sus seres desaparecidos con la elección de un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2018. Al año siguiente, anunció que abriría una nueva investigación, encabezada por Omar Gómez Trejo.

“Ha sido el trabajo más importante que he tenido en mi carrera profesional”, declaró Gómez Trejo a la BBC. Poco después de que empezó a trabajar, un video del antiguo investigador Zerón, fue filtrado a los medios.

Mostraba a un hombre con el rostro cubierto y las manos atadas detrás de la espalda. “La primera mamada [mentira] que me digas, te mato güey”, le dice Zerón.

El equipo de Gómez Trejo descubrió más de 60 videos de interrogatorios ilegales que fueron realizados durante la investigación original del gobierno, a cargo de Zerón.

Imágenes filtradas de Zerón interrogando a un preso
Un video filtrado a la prensa muestra a Tomás Zerón amenazando con matar a un sospechoso si no coopera.

El sospechoso en el video no cuenta con un abogado que lo represente y lo tienen “cautivo y esposado”, como señala Gómez Trejo. “Eso es una escena de tortura”, explica. “Torturar a alguien es echar a perder una investigación”.

En base a esta y otra evidencia, Zerón fue acusado de tortura, desaparición forzosa y obstrucción a la justicia. Pero antes de que fuera arrestado, huyó a Israel, que no tiene un tratado de extradición con México.

La BBC lo encontró en Tel Aviv, donde negó que hubiese torturado. “Probablemente es algo que no debí haber dicho, que estaba fuera de lugar. Se ve que yo lo amenacé”, reconoce Zerón. «Pero nunca lo torturé”.

Dice que no recibió instrucción alguna de encubrir nada hecho por las fuerzas federales y que no era responsable de las desapariciones de los estudiantes.

Zerón añade que él era “muy importante como para ser culpado pero no tan importante como para que alguien saliera en mi defensa”.

El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón
La BBC dio con Tomás Zerón en Israel, quien negó haber torturado a los sopechosos detenidos en conexión con el crimen.

La conexión ejército/cartel Guerreros Unidos

Después de que se descubrieran las prácticas irregulares de la investigación original, los otrora sospechosos fueron puestos en libertad y empezaron a revelar información a la nueva indagación de Gómez Trejo.

Eso llevó al investigador a un nuevo punto de búsqueda, como a un kilómetro del basurero donde la investigación original había dicho que se quemaron los cuerpos. En una investigación criminal, indica el fiscal especial, “cada milímetro, cada centímetro” es importante.

En un nuevo sitio de búsqueda, conocido como “Barranca de la Carnicería”, se descubrieron los restos que pudieron ser rastreados a dos estudiantes más; uno de ellos llamado Christian Rodríguez Telumbre.

Gómez Trejo declaró en una rueda de prensa en 2020 que el hecho que estos restos no fueran hallados en ninguno de los sitios identificados por la primera investigación -ni en el basurero de Cocula ni en el río San Juan- “rompe con la narrativa de una mentira”.

Investigadores en un basurero con cinta amarilla de la policía criminal demarcando el lugar

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Investigadores inspeccionan el basurero donde la pesquisa inicial afirmó que habían quemado los cuerpos.

Entretanto, la Agencia Antidrogas Estados Unidos (DEA) había estado observando al cartel de las drogas Guerreros Unidos desde 2013, un año antes de la desaparición de los estudiantes.

Un exagente especial de la DEA, Mark Giuffre, le cuenta a la BBC que el cartel, descrito simplemente como una pandilla local por el gobierno mexicano, llevaba traficando anualmente heroína por valor de US$122 millones a EE.UU. vía Chicago; “Una sola organización estaba llevando a EE.UU. una cantidad absolutamente sin precedentes de heroína”.

La vigilancia mostró que el cartel usaba autobuses que partían de la terminal en Iguala para traficar las drogas. “Nos pareció que no podía estar más claro, que los estudiantes tomaron los buses equivocados sin saberlo”, afirma Giuffre.

En 2022, la investigación de Gómez Trejo tuvo acceso a las llamadas telefónicas interceptadas por la DEA y el archivo sobre el caso de los Guerreros Unidos.

Las conversaciones telefónicas hablan «de los esquemas de corrupción que existen entre determinadas autoridades con el grupo de Guerrero Unidos: que hacen pagos, o que hacen fiestas, o que trabajan juntos”, dice Gómez Trejo.

“Lo que tú tienes es como una participación de autoridades a nivel federal como el ejército, trabajando de la mano con grupos delincuenciales. La prueba que teníamos era contundente, fuerte”.

Varias fotos de los desaparecidos colgadas en una valla, que leen: ¡Justicia! y ¡Vivos los queremos!
Los carteles con la consigna «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! » conmemoran a los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación ya había cuestionado el papel del ejército. Este tenía en operación un sistema de cámaras de vigilancia en Iguala la noche de las desapariciones.

Los investigadores también dicen que el ejército estaba monitoreando las comunicaciones del cartel Guerreros Unidos en tiempo real.

Pero si el ejército estaba al tanto de las operaciones del cartel antes, durante y después de los ataques, ¿por qué no intervino para rescatar a los estudiantes?

El gobierno incluso había revelado que el ejército había plantado agentes encubiertos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para espiar a los estudiantes.

Los investigadores sostienen que a pesar de una orden del presidente mexicano para que entreguen toda la información, el ejército no ha cumplido.

“Lo que hemos recibido es la negativa, falta de colaboración y una obstrucción a la búsqueda de la verdad”, denuncia Carlos Beristain, parte de un grupo internacional de expertos independientes (GIEI) que llevan haciendo pesquisas desde 2014 y han trabajado con la investigación de Gómez Trejo.

El ejército dice que ha entregado toda la información en sus archivos y el presidente López Obrador ha dicho: “Si se ha hecho progreso, es precisamente debido a la cooperación del ejército y la marina”.

Silueta de un soldado montando guardia en Iguala  después de las desapariciones

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

El ejército negó las acusaciones de obstruir el curso de las investigaciones.

En la noche de las desapariciones, los investigadores aseguran que hay informes minuto a minuto del ejército, excepto entre las 21:15 y las 22:30 hora local. Gómez Trejo le dijo a la BBC que ese espacio en blanco es “parte de la desaparición” y “el resultado de borrar toda la evidencia, sin dejar un rastro de lo que se hizo para desaparecer a los 43 estudiantes”.

Respaldados por la evidencia de los teléfonos interceptados, el pasado agosto el equipo de investigación obtuvo órdenes de arresto para el exprocurador general, que condujo la primera investigación con Zerón, y otros 83, incluyendo 20 soldados que habían estado de guardia en Iguala la noche de las desapariciones.

Pero unos días después, las órdenes de arresto fueron retiradas por el despacho del actual procurador general, incluyendo la mayoría de las de los soldados.

Gómez Trejo afirma que el procurador general le dijo que ya no podía seguir investigando el caso. Decidió renunciar. “Las reglas del juego, las reglas por las cuales yo llegué a la Fiscalía, han cambiado”, manifestó el fiscal especial.

«Intocables»

Se refugió en Estados Unidos, temiendo por su seguridad y enfrentando una investigación criminal por su manejo del caso. “Me dijeron ‘Oye, te excediste en el número de militares’”, comenta. “Tiene ese tufo a criminalizar, a menoscavar, a matar al mensajero”.

Gómez Trejo dice que 16 de las órdenes de arresto fueron emitidas nuevamente a comienzos de este año, bajo presión de las familias y del grupo GIEI. Ahora hay mas de 100 personas detenidas, incluyendo dos generales del ejército, 12 soldados y un oficial de la marina. El exprocurador general permanece bajo custodia y niega los cargos en su contra.

El antiguo alcalde de Iguala, acusado en la primera investigación, está en prisión por otros delitos. Fue absuelto de algunos cargos relacionados con las desapariciones de los estudiantes, pero el gobierno dice que sigue bajo investigación.

Casi una década después, sin embargo, no ha habido ni una sola condena por los crímenes cometidos contra los 43 estudiantes desaparecidos.

En el cumpleaños 28 de su hijo Benjamín, Cristina le promete: “Te seguiré buscando hasta el último latido de mi corazón”.

Cristina Bautista Salvador durante una vigilia

FUENTE DE LA IMAGEN,LENIN OCAMPO

Cristina Bautista Salvador afirma que nunca dejará de buscar a su hijo Benjamín.

La investigación sigue abierta, dice Gómez Trejo. Pero mientras que toda la verdad sobre los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos probablemente nunca se sepa, la violencia relacionada al crimen organizado en México se sigue cobrando más víctimas.

La antropóloga forense Mercedes Doretti, quien trabajó para las familias de los estudiantes, dice a la BBC que, por todo México, con apoyo estatal muy limitado, los parientes de los desaparecidos están buscando los restos sus seres queridos con picos y palas.

Se sabe de más de 110.000 personas que han desaparecido en las guerras de la droga del país, y el número continúa creciendo.

“¿Desde dónde vamos a arrancar para cambiar al país? A los cabecillas no los agarran”, dice Luz María, la madre de Christian.

“Son intocables. O sea, no se puede cambiar este sistema, no se puede. Y si te metes más allá, te matan”.

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