MinSalud denunció ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría obras del hospital de primer nivel en Pitalito
La contratación de la obra más importante para Pitalito en los últimos años sigue en el ojo del huracán; ahora tras la denuncia emitida tambalea la contratación de la misma, así ha sido dado a conocer a través del portal de investigación La Silla Vacía.
La denuncia indica que el Ministerio de Salud giró 35 mil millones de pesos para hacer un hospital en Pitalito, Huila, que terminaron en las manos de una empresa que está sancionada e inhabilitada por incumplimientos previos y que presentó unas pólizas ilegales. Detrás del negocio sale mencionado el exsecretario jurídico del gobierno de Gustavo Petro, y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández.
Tras la denuncia, el propio Ministerio de Salud, a través de la oficina jurídica, metió manos en el asunto. El director jurídico del MinSalud, Rodolfo Salas, radicó ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría denuncias sobre otras irregularidades que se presentaron en la adjudicación del contrato.
Según Salas, el pliego de condiciones que hizo la ESE Manuel Castro Tovar de Pitalito para entregar el contrato estuvo amarrado para favorecer al ganador: Consultoría y Construcción SAS cuyo representante legal es Juan Pablo Ricci Ruiz, cuñado de Marcos Molina, que a su vez es cuñado del magistrado Vladimir Fernández.
“Se destacan una serie de requisitos ponderables que posiblemente contrarían los principios de selección objetiva, libre concurrencia, igualdad y pluralidad de oferentes, entre otros; con lo cual, posiblemente se pondría en riesgo no solo la etapa precontractual del proceso, sino, la ejecución misma del contrato resultante”, dice la denuncia del director jurídico del MinSalud.
Y añade: “No se evidencia un verdadero análisis de sector, ni mucho menos, que dentro del estudio previo, se haya realizado un análisis de mercado, que diera como resultado el sustento y fundamento financiero para que la entidad solicitara tales indicadores a los proponentes”.
El pliego de condiciones, que hizo un abogado que la ESE Manuel Castro Tovar contrató únicamente para eso, no permitió que al proceso se presentaran varias ofertas. “Con la confección de los mentados requisitos, se atenta contra los principios de la libre concurrencia, y el derecho fundamental a la igualdad, al establecerse una restricción a la libre participación, e igualmente por contener en un trato discriminatorio de cara a los demás posibles interesados en participar, que no cuenten, por ejemplo, con un personal con dichas capacidades tan elevadas y exigentes”, dice la denuncia de Salas.
Para el MinSalud también fue llamativo que la contratación de la construcción y la interventoría se hiciera de manera exprés y en menos de tres semanas.
Por todo eso, les pidió a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría “realizar las investigaciones e intervenciones a que haya lugar sobre las actuaciones y posibles faltas, conductas, omisiones y/o delitos desplegados por los funcionarios, consultores, interventores y demás, que participaron en la fase pre contractual y contractual del proyecto multicitado”.
Fuente La Silla Vacía