Pitalito se raja en cifras de letalidad a causa del covid-19

Procuraduría llamará a audiencia pública a todas las EPSs que prestan atención de salud en Pitalito y el Hospital departamental San Antonio, deberá empezar con un programa de promoción de salud

Según lo indicó el director Nacional del DANE Juan Daniel Oviedo en su visita al departamento del Huila en la semana anterior, Pitalito registra una tasa de letalidad superior al promedio nacional que cierra esta semana en 2,81% mientras en el Valle de laboyos la tasa de letalidad a causa del virus es de 3.9% con 122 defunciones por cada 100 mil habitantes.

El pasado 06 de marzo se registró el primer caso de coronavirus en Colombia, el 13 de marzo se registró el primer caso de coronavirus en el Huila y el 11 de abril se registró el primer caso de coronavirus en Pitalito, al día de hoy, la cifra de contagios según el registro departamental es de 3.093 casos con 123 personas fallecidas a consecuencia del virus; una cifra que pone en jaque la eficiencia en atención de salud de las diferentes instituciones en la segunda ciudad del departamento.

El hospital departamental San Antonio de Pitalito, a través de gestiones logró  la ampliación de unidades de cuidados intensivos, pasando de 10 a 50 camas UCIs, de las cuales hoy se registra una ocupación del 35%, con disponibilidad de 4 camas en uci adultos, 38 camas para afectados COVID-19 en zonas de ampliación.

El mismo hospital, creó un plan de contingencia de 5 fases proyectando el peor panorama de contagios y la ESE Manuel Castro Tovar organizó dos zonas de atención para hospitalización de pacientes, con 18 camas en la Sede del barrio Paraíso y 13 camas en la sede del corregimiento de Bruselas, no obstante, solamente 2 camas han sido utilizadas en todos estos meses.

La ESE Municipal Manuel Castro Tovar, ha invertido un total de 559 millones de pesos para la atención de la pandemia, de los cuales 310 millones ha sido invertido en Talento humano, es decir en el pago de personal contratado, y 249 millones de pesos en compra de medicamentos, insumos materiales, equipos y elementos de protección biomédica.

Desde la secretaria de salud municipal, se ha realizado una inversión 620 millones de pesos, de los cuales 150 millones de pesos se han invertido por medio de un convenio con agentes comunitarios, los cuales se encargan de procesos de educación y detección de casos, con entidades privadas se contrataron 308 millones de pesos, de los cuales 70 millones se contrataron con bomberos, 36 para transporte asistencial básico, 70 millones se contrataron para acompañamiento de grupos de voluntariado como cruz roja, bomberos y defensa civil, además de los gastos ejecutados en los puestos de control.

Se realizaron dos contratos uno por 86 millones y otro por 174 millones de pesos para compra de elementos de protección personal, tapabocas, alcohol, gel, toallas, termómetros, uso para los equipos extramurales de apoyo. Y un contrato de 162 millones de pesos para prestación de servicios con el fin de realizar las acciones correspondientes en el marco de la pandemia.

Sin embargo, todos estos contratos y toda esta preparación que se ha realizado por parte de la institucionalidad no ha dado los frutos que se esperaban. Al inicio de la pandemia se proyectó un 1% de la población contagiada, sin embargo la cifra ya superó los 3000 contagios, que comparado con Neiva ha sido relativamente controlado, pero la cifra de letalidad pone en duda la eficiencia y la confianza en las instituciones, razones por las cuales, la comunidad prefiere no asistir a centros médicos, automedicarse y no llamar a las EPSs.

En varios de los casos de letalidad que se han presentado en Pitalito, los pacientes asisten al hospital como una última opción, cuando su estado de salud ya se encuentra bastante afectado, otros por su parte han tomado la opción de automedicarse y en otras ocasiones, varias personas que presentan los síntomas han decidido aislarse por su propia voluntad.

En relación a los casos de contagio y cerco epidemiológico, hemos recepcionado varias quejas, en donde a pesar de tener un paciente positivo de covid-19 a sus familiares se les niega la toma de la muestra, o en otras ocasiones jamás asiste la EPS para hacer control de los pacientes positivos, y menos para la realización del cerco epidemiológico.

 

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