Urbanismos ilegales ponen en jaque acueductos rurales en Pitalito quienes abastecen el 40% de la población
Un llamado urgente y contundente lanzaron los presidentes y representantes de los acueductos veredales de Pitalito durante una sesión especial de control político en el Concejo Municipal en la mañana de hoy viernes, tal como se había previsto.
Aunque la asistencia de delegados fue reducida —solo participaron representantes de La Guandinosa, Mortiñal, y Vereda el Tigre—, el debate promovido por el concejal Harold Calderón dejó al descubierto una crisis profunda que combina ilegalidad, deterioro ambiental, carencias institucionales y amenazas a la sostenibilidad hídrica del municipio.
Allí denunciaron que operan “como repúblicas independientes” en medio de un “abandono total del Estado”, pese a que más del 40% de la población laboyana depende directamente del agua que ellos administran.
Así se refirió Gilberto Rojas Sánchez presidente del acueducto Mortiñal – corregimiento de Regueros, quien explicó que esta práctica consiste en comprar fincas rurales —por valores entre 50 y 100 millones de pesos por hectárea— para luego subdividirlas en lotes de 500 metros cuadrados que se venden hasta por 100 millones cada uno, pese a que no pueden ofrecer escrituras ni servicios públicos.
La ola invernal ha agravado un panorama ya crítico. Muchos acueductos tienen sistemas deteriorados o en zonas de alto riesgo. Denis Encarnación, de la vereda del Tigre, relató que su bocatoma ha debido reconstruirse tres veces en cuatro años por derrumbes.
El punto más crítico del debate fue la denuncia reiterada sobre el loteo y urbanismo ilegal, un fenómeno que se expande sin control en Pitalito, de acuerdo con lo expresado con Gilberto Rojas del acueducto Mortiñal.
Según los líderes comunitarios, las autoridades locales —Alcaldía, Planeación, Policía e Inspectores— conocen esta situación pero no actúan, permitiendo que la estafa continúe.
Los acueductos rurales dicen ser víctimas directas de este fenómeno, pues después de vender los lotes, los urbanizadores exigen que los conecten al servicio de agua.
El presidente del acueducto – ASODAPAZ de las veredas del Danubio y la PAZ, Bernardo Reyes Liscano, relató que se han visto obligados a impedir el ingreso de un plan de vivienda con cerca de 140 casas/lotes instalando vallas restrictivas para evitar una sobrecarga insostenible en su sistema.
Desde La Guandinosa, Víctor Fabio Becerra lanzó un interrogante que resume el sentir de los acueductos:
“¿Quién nos apoya para evitar estas construcciones ilegales? Nos están delegando competencias que no nos corresponden”.
El concejal Germán Gonzalo Diaz señaló que en Colombia “no se ha legislado en materia de acueductos rurales”, obligándolos a intentar ajustarse a la Ley 142, diseñada para sistemas urbanos.
Cobros elevados sin control: Se citaron casos como el de Corinto/Coneca, donde la matrícula puede costar $6 millones sin ofrecer agua potable.
Acueductos vs. abastos: Sistemas con menos de 600 usuarios y sin potabilización deberían ser catalogados como abastos de agua, pero la Superintendencia no ejerce control sobre este aspecto.
Contaminación hídrica: La falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales rurales agrava la contaminación.
Uso eficiente del recurso: Se destacó la importancia de la bancarización y los micromedidores como prácticas para evitar pérdidas, modelo aplicado con éxito por Mortiñal y San Francisco.
Para garantizar el agua del futuro, los acueductos piden apoyo para adquirir reservas naturales en las zonas de recarga. Sin embargo, como muchos predios rurales no tienen títulos, los recursos públicos no pueden ejecutarse.
Rojas solicitó crear mecanismos para que los recursos sean transferidos directamente a los acueductos, incluso mediante documentos privados, recordando que ellos mismos han actuado como “guardianes” de estos territorios. Mortiñal, por ejemplo, ya protege 200 hectáreas.
Al cierre del debate, Rojas Sánchez lanzó una reflexión que resonó en el recinto:
“¿Qué va a pasar? ¿Qué va a quedar de todo esto?”
El Concejo Municipal, a través del concejal citante Harold Calderón, anunció la creación de una mesa de trabajo interinstitucional con la CAM, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Vías e Infraestructura, con el fin de construir una ruta concreta que respalde a los acueductos veredales.
