Alcalde de Saladoblanco demanda cambio de estatutos en Electrohuila ante la Cámara de Comercio que busca atornillar a la actual gerente por cuatro años
El alcalde del municipio de Saladoblanco, Edgar Javier Bambagüe Barrios, ha radicado formalmente una demanda y un recurso de reposición contra el abrupto cambio de los estatutos de la Electrificadora del Huila (ElectroHuila).
La acción jurídica del mandatario local se fundamenta en que la reforma, protocolizada el pasado 27 de mayo, contiene estipulaciones afectadas de «ineficacia de pleno derecho». Esta denuncia surge de forma paralela a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de poner bajo la lupa a la entidad para determinar si estas modificaciones fueron una «jugadita» diseñada exclusivamente para favorecer la permanencia de la actual gerente, Nika Duniezhka Cuéllar Cuenca.
Bambagüe Barrios, actuando como accionista de la sociedad, presentó ante la Cámara de Comercio del Huila un recurso para revocar el registro mercantil de la reforma aprobada el 20 de marzo de 2026. El alcalde sostiene que hubo vicios en la convocatoria de la Asamblea y que existe una inconsistencia objetiva entre el Acta 120 y la Escritura Pública No. 0291, lo que afectaría la legalidad del proceso.
Según el mandatario, la reforma fue impuesta por el Gobierno Nacional, que ostenta el 83,05% de las acciones, sin una socialización adecuada con los socios minoritarios.
Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila abrió una indagación previa para establecer si se vulneraron los deberes de los servidores públicos. El órgano de control investiga si la junta directiva y la gerente promovieron una reforma para modificar los requisitos y el procedimiento de elección del cargo con el fin de beneficiar a Cuéllar Cuenca, quien es hija de Armando Cuéllar, figura clave del petrismo en la región.
Antes de la reforma, el gerente era de libre nombramiento y remoción; ahora, tendrá un período fijo de cuatro años y solo podrá ser removido con una mayoría calificada de cinco votos de la junta.
El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, también se opuso a estos cambios durante la asamblea, advirtiendo que la modificación reduce la capacidad de las futuras administraciones para liderar la empresa y fortalece desmedidamente al accionista mayoritario.
La Procuraduría ya ordenó la recolección de pruebas, incluyendo grabaciones de audio y video de la reunión, así como los estudios técnicos y jurídicos que respaldaron la transformación del gobierno corporativo de la principal empresa pública del departamento.
