La promesa del alcalde de Pitalito, Yider Luna, denominada «No pague arriendo, pague su casa», no existe, manifestó la concejal Sandra Calderón

El programa insignia, que buscaba disminuir el déficit habitacional facilitando que los arrendatarios adquirieran casa propia, ha sido duramente cuestionado por los cabildantes debido a la falta de beneficiarios concretos tras más de dos años de administración. La controversia se centra en la brecha existente entre las promesas de campaña y las realidades técnicas y presupuestales de la administración pública.

Durante la campaña electoral, el mandatario proyectó un modelo en el que el municipio adquiriría los predios, aportaría los servidores públicos y prestaría el dinero directamente a las familias para que estas pagaran una cuota mensual a la alcaldía en lugar de un arriendo. 

Sin embargo, al asumir el cargo, la realidad jurídica demostró que la alcaldía no es un banco y que las normas presupuestales impiden prestar recursos públicos de esa manera. El programa se transformó finalmente en un esquema de subsidio de 10 millones de pesos del municipio, complementado opcionalmente con subsidios del departamento y la nación, donde las familias deben obligatoriamente recurrir a un crédito hipotecario bancario y poseer un ahorro programado previo.

Para viabilizar la iniciativa, la Administración Municipal expidió el Decreto 111 de 2026 que reglamentó la convocatoria de un Banco de Oferentes de Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritaria (VIP). No obstante, el proceso evidenció una alarmante falta de constructores interesados, pues al cerrarse el cronograma en mayo de 2026, solo se postuló un único oferente: la firma León Aguilera con el proyecto «Samanes». Dicha constructora ofrece apartamentos con valores de 155, 190 y 210 millones de pesos, costos que están muy por encima de las posibilidades reales de la población de escasos recursos de Pitalito.

La reacción de los concejales no se hizo esperar y varios calificaron el programa como un rotundo fracaso y un acto de populismo que jugó con las esperanzas de los laboyanos. 

La concejala Sandra Calderón Blanco criticó duramente que el alcalde «prometió primero y después llegó a estudiar«, diseñando un eslogan maravilloso que en la práctica no ha entregado ninguna vivienda.

Por su parte, el concejal John Freiner lamentó que, tras dar todas las herramientas y aprobar la política pública de vivienda, sigan sin verse avances concretos ni postulaciones habilitadas en el programa.

Asimismo, los concejales Manuel Muñoz, Omar López y Octavio Ordóñez señalaron que el proyecto excluye a los sectores más vulnerables de la sociedad. Argumentaron que vendedores ambulantes, de tinto o loteros que viven del día a día no cuentan con la vida crediticia, el ahorro programado ni la capacidad de endeudamiento requeridos por los bancos para asumir deudas a 20 años. 

De hecho, en una jornada de socialización del proyecto Samanes a la que asistieron 160 personas, solo 19 resultaron aptas para acceder al crédito de la entidad financiera, demostrando que el programa no está adecuadamente segmentado para la gente de menores ingresos.

En contraste con los retrasos de «No pague arriendo, pague su casa», la Dirección de Vivienda expuso un panorama más favorable respecto a los programas de mejoramiento de vivienda en el municipio. 

Mediante el Convenio 020 de 2025, enmarcado en el programa nacional «Cambia mi casa», la arquitecta Indira Charry indicó que se asignaron subsidios para optimizar las condiciones de habitabilidad tanto en la zona urbana como rural. Para ello, el municipio realizó aportes de 344 millones de pesos de recursos propios y 300 millones de pesos de regalías, con lo cual se ha logrado beneficiar a un total de 190 familias laboyanas con intervenciones valoradas entre 13 y 17 millones de pesos.

Estas intervenciones consisten en mejoramientos modulares y locativos que incluyen baterías sanitarias, habitaciones y cubiertas, ejecutados por el contratista «Consorcio 2026». 

Además, se anunciaron gestiones adicionales ante el gobierno nacional que permitieron jalonar recursos para 150 mejoramientos de vivienda en la Comuna Uno, con el apoyo del diputado Wilfred Trujillo, así como otros 150 mejoramientos adicionales gestionados recientemente. 

Frente a los duros cuestionamientos del cabildo, la directora técnica de Vivienda de Pitalito, Indira Yadaliam Charry, defendió la  planificación de su dependencia. Charry aclaró que el programa no fue creado de la noche a la mañana y que se han realizado más de 12 encuentros de socialización y educación financiera para que las familias conozcan los requisitos reales a los que se enfrentan. 

Explicó que actualmente el municipio se encuentra en una fase técnica y jurídica de evaluación del único oferente para garantizar un banco estructurado y seguro, por lo que aún no se ha abierto la etapa de inscripción ni de selección individual de hogares beneficiarios.

En materia presupuestal, la directora confirmó que la administración cuenta con una disponibilidad certificada de 1.500 millones de pesos, de los cuales 500 millones provienen de recursos propios y 1.000 millones de regalías. 

Ante la escasez de recursos departamentales y nacionales, Charry propuso una reestructuración de la estrategia para cumplir la meta de 150 viviendas: entregar 75 subsidios en esta vigencia y 75 en la siguiente, aumentando el aporte municipal a 20 millones de pesos por familia para facilitar el cierre financiero. También informó que están monitoreando el impacto del nuevo Registro Único de Ingresos (RUI) para evitar que perjudique a los postulantes de bajos recursos.

Al concluir el debate, se hizo evidente una fractura en el Concejo Municipal entre quienes mantienen el optimismo y quienes reclaman un cambio de rumbo inmediato. Concejales como Harold Calderón llamaron a la unidad de los líderes políticos para tocar puertas en Bogotá y cofinanciar el proyecto, mientras que otros insistieron en que es momento de ser honestos con los ciudadanos y reconocer que la promesa bandera de Yider Luna no se cumplirá tal como fue vendida en campaña. 

Por ahora, el sueño de una casa propia para cientos de familias vulnerables en Pitalito sigue en el limbo del análisis administrativo y financiero.