Inminente colapso de la última celda de Biorgánicos del Sur en mayo de 2027, desata grave crisis sanitaria en el sur del Huila
Procuraduría advierte incidentes de desacato y multas a mandatarios locales.
Una alarma sin precedentes se ha encendido en el sur del departamento del Huila debido a la inminente colmatación de la última celda de disposición final de residuos sólidos operada por la empresa Biorgánicos del Sur SA.
Aunque técnicamente se proyectaba que esta trinchera tuviera una vida útil garantizada hasta el año 2032, las autoridades ambientales y judiciales han confirmado que el vaso colapsará definitivamente en mayo de 2027. Esta dramática reducción de cinco años en su operatividad expone una grave crisis de gestión pública y ambiental que amenaza la salubridad de los habitantes de la región.
De acuerdo con Camilo Augusto Agudelo, director general de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), el drástico recorte en la vida útil de la celda es consecuencia directa de no haber alcanzado las metas de recuperación, clasificación y separación de residuos que son trasladados al relleno.
El funcionario advirtió que, pese a los constantes llamados y el seguimiento estricto que realiza la autoridad ambiental a la licencia vigente, la falta de disciplina en el manejo de basuras desde su origen ha acelerado la saturación de la infraestructura disponible. Aunque actualmente la celda opera bajo condiciones adecuadas y sin vertimientos nocivos, el tiempo corre en contra del territorio.
El foco de mayor preocupación se concentra en el municipio de Pitalito, territorio que aporta el 70% del volumen total de los desechos que ingresan diariamente a la planta de Biorgánicos del Sur. Agudelo denunció que, desafortunadamente, en esta localidad no se ha logrado avanzar en la implementación efectiva de rutas selectivas de recolección ni se cuenta con un operador que entregue los residuos en las condiciones técnicas de clasificación requeridas.
Este estancamiento de Pitalito contrasta notablemente con el esfuerzo de otros municipios del sur del Huila que sí registran avances significativos en sus planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS).
Ante este escenario de inacción, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Huila y Caquetá, liderada por Álvaro Hernando Cardona González, ha tomado un rol determinante.
El procurador explicó que la entidad instauró una acción popular con el objetivo primordial de evitar un colapso sistémico en la recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final en el sur de la región. Cardona enfatizó que este proceso judicial vincula de manera obligatoria al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cuya participación financiera resulta crucial para estructurar inversiones que permitan dar una solución definitiva a esta problemática regional.
La crisis actual se desenvuelve en un marco de reiterados incumplimientos a decisiones judiciales de obligatorio cumplimiento.
Existe una sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal de Garzón en el año 2024, la cual fue ratificada y modificada en 2025 por el Consejo de Estado. Este fallo judicial impone a los entes territoriales obligaciones estrictas con plazos de apenas seis meses, los cuales ya se encuentran vencidos. Las directrices ordenan disminuir la disposición de residuos, optimizar la separación en la fuente, mejorar la calidad del material entregado y habilitar sitios de transferencia temporal bajo la Ley 388 de 1997 para manejar contingencias.
Debido a que varias administraciones municipales han hecho caso omiso a las órdenes de los magistrados y a las advertencias de la Procuraduría, el ente de control ya prepara severas medidas coercitivas.
Cardona González reveló que se está completando un análisis del nivel de cumplimiento de los nueve municipios que conforman la sociedad de Biorgánicos del Sur. Con base en estos resultados, la Procuraduría acudirá ante el Tribunal Administrativo del Huila para solicitar la apertura de incidentes de desacato, lo que derivaría en sanciones pecuniarias directas contra los alcaldes y representantes legales responsables.
Como medida de emergencia para evitar una parálisis sanitaria, Biorgánicos del Sur ha radicado ante la CAM una solicitud de modificación de licencia ambiental para habilitar una celda de corto aliento.
Técnicamente, este proyecto busca confinar dos vasos ya existentes, lo que otorgaría un margen de maniobra de dos a tres años adicionales, extendiendo la operación hasta el año 2029 o 2030. El director de la CAM manifestó que los estudios de evaluación ya fueron realizados y que actualmente se espera que la empresa operadora responda a un requerimiento de información para proceder a la expedición de la licencia antes de finalizar el presente año.
No obstante, esta alternativa de corto plazo es apenas un paliativo frente a la ausencia de un plan estructural de largo aliento. El procurador Cardona manifestó con preocupación que el proyecto macro para garantizar la tranquilidad del sur amazónico por un periodo mínimo de diez años sigue siendo desconocido tanto para la comunidad como para el órgano de control. Un intento previo de radicar dicho proyecto ante el Ministerio de Vivienda fracasó debido a la necesidad de ajustes técnicos y a la falta de un cierre financiero que permita asegurar los recursos requeridos.
El panorama de no lograrse la habilitación de la nueva celda de contingencia antes de mayo de 2027 es calificado por las autoridades como un escenario extremadamente complejo. De colmatarse el vaso actual sin una alternativa local autorizada, los municipios del sur del Huila se verían obligados a transportar sus residuos a los rellenos sanitarios activos más cercanos, ubicados en Neiva o Florencia (Caquetá).
Esta dramática alteración logística e institucional tendría implicaciones económicas devastadoras para las finanzas municipales y tarifas de aseo, sumado a un fuerte impacto ecológico negativo por el transporte masivo de basura a largas distancias.
