Crisis de seguridad en Pitalito. Concejales exigen soluciones ante desarticulación institucional, fallas en el programa «Vecino vigilante» y grave deterioro del orden público

Ayer miércoles la corporación edilicia laboyana fue escenario de un álgido debate de control político sobre la seguridad y convivencia ciudadana, el cual contó con la citación del saliente Secretario de Gobierno, Francisco Javier Cardoso, y la participación de los altos mandos de la Policía Nacional y la SIJIN.
Durante la sesión, la mayoría de los cabildantes coincidieron en que los informes estadísticos oficiales presentados por las autoridades distan profundamente de la alarmante realidad de delincuencia, extorsión y desorden social que experimentan diariamente los habitantes de la región.
El concejal Manuel Jesús Muñoz denunció con severidad que las estrategias actuales, como el «plan candado», no están dando resultados reales.
Señaló que mientras se ejecutaba dicha medida en días pasados, se instaló un artefacto a un comerciante y se cometió el asesinato de una mujer frente a un centro comercial
Asimismo, alertó sobre un incremento de homicidios, narcotráfico, secuestros y extorsiones a líderes rurales que no se denuncian formalmente debido a la desconfianza en las instituciones, agravada por conductas de algunos agentes que sugieren a las víctimas pagar rescates por sus bienes robados en lugar de denunciar.
El cabildante al referirse a la eventual salida del cargo del secretario de gobierno Francisco Javier Cardozo, cuestionó el desorden del espacio público con el que deja al municipio y el funcionamiento de establecimiento de licor hasta de prostitución tras el otorgamiento de usos de suelo en el microcentro de la ciudad. “parece que no hubiera gobernabilidad”, expresó.
Por su parte, el concejal Octavio Ordoñez criticó fuertemente la falta de un informe físico por parte de la Policía y la SIJIN para el análisis del cabildo.
Añadió que la disponibilidad real de uniformados en las calles es alarmantemente deficiente, estimando que de un pie de fuerza teórico de 150 hombres, solo operan unos 50 diarios debido a turnos, vacaciones y custodias de entidades bancarias.
Dijo además que no hay coordinación entre la fuerza publica y la institucionalidad.
Uno de los puntos de mayor fricción durante el debate fue el programa «Vecino Vigilante».
La concejal citante Sandra Calderón reveló que ya radicó denuncias formales ante los entes de control por presuntas irregularidades en la contratación de este esquema privado, el cual se ejecuta mediante convenios solidarios con la Federación Comunal del Huila
Cuestionó que se utilicen recursos públicos para pagar patrullas motorizadas privadas y que particulares monitoreen más de 450 cámaras públicas de seguridad sin la supervisión ni el control directo de la policía
El concejal Leonel Alvarado Muñoz respaldó estas críticas y presentó un video donde un ciudadano resultó gravemente herido tras un altercado derivado de dicho programa, calificando la iniciativa como un riesgo que expone a la comunidad y sugiriendo reorientar esos fondos para equipar formalmente a la Policía Nacional y al Ejército.
El debate también visibilizó graves focos de descomposición social. El concejal Octavio Ordoñez catalogó el sector de la carrera tercera con calle séptima como un «marihuanódromo» caracterizado por riñas constantes, personas armadas y venta de estupefacientes.
Esta problemática de microtráfico abierto también fue denunciada por el concejal José Omar López Bolaños en el parque principal y en escenarios deportivos infantiles, como la cancha del barrio Pradera, sumado a la operación de bandas de más de 20 personas dedicadas a estafas con el «juego de la bolita» en la Plaza Cívica.
Adicionalmente, el concejal Cesar Mauricio Sierra Valencia alertó sobre la proliferación descontrolada de cantinas y focos de delincuencia y prostitución infantil en el centro urbano.
Al mismo tiempo, la concejal Sandra denunció el estado inhumano de hacinamiento en el centro de traslado por protección (calabozos), revelando que la infraestructura actual, diseñada para albergar a 9 personas, llega a retener a 40 presuntos delincuentes sin condiciones sanitarias ni dignidad básica
Pese a los fuertes cuestionamientos, los concejales como Yilber Neuta expresaron su agradecimiento al saliente secretario Francisco Cardoso por su receptividad y gestión con las comunidades rurales y urbanas.
Enfatizó la necesidad de que la policía aplique con rigor el Decreto Municipal 470 de 2016 para prohibir la circulación y parqueo de motocicletas frente a comercios nocturnos los fines de semana, medida que evitaría riñas en la zona rosa y reduciría accidentes de tránsito.
En defensa de la administración, el presidente del concejal Fabian Bolaños destacó hitos históricos como la puesta en funcionamiento de más de 530 cámaras de seguridad, la entrega de dispositivos GPS a motociclistas y la rápida liberación de un caficultor secuestrado en Bruselas gracias a las redes de apoyo.
Cuestionó el hecho que algunos de sus colegas concejales se limiten solo a mirar “los puntos negros”.
Finalmente, el concejal Harold Calderón contextualizó la problemática indicando que Pitalito no es ajeno a la crisis del país, donde la presencia de grupos insurgentes armados aumentó de 388 a 820 municipios en la nación, sumado a un drástico recorte presupuestal del 42% en el rubro de seguridad por parte del gobierno nacional.
