Líderes comunales denuncian falta de control en establecimientos de licor, ruido extremo y amenazas por cooperar con la fuerza pública
Líderes comunitarios denuncian ante el Concejo municipal una preocupante falta de control en los establecimientos de comercio de licor, contaminación auditiva extrema y amenazas de muerte por cooperar con la fuerza pública.
La tranquilidad de las familias en diversos sectores residenciales de Pitalito se encuentra gravemente perturbada por una mezcla de falta de control sobre establecimientos de expendio de licor, casas de lenocinio, estridentes niveles de ruido y un alarmante incremento de la inseguridad
Así lo manifestaron voceros comunitarios de los barrios Agua Blanca, León XIII y Magdalena en una sentida sesión ante el Concejo Municipal, donde evidenciaron el abandono de las autoridades y la zozobra diaria en la que habitan
En el microcentro de Pitalito, los derechos colectivos de las comunidades parecen estar supeditados al uso comercial del suelo. En el barrio Agua Blanca, los residentes sufren de manera constante las consecuencias de las riñas y hechos de intolerancia vinculados a los bares.
Solo hace una semana, un grave altercado con armas de fuego y armas blancas estuvo a punto de cobrar vidas en la zona.
Los voceros comunitarios se preguntan hasta cuándo se permitirá que la proliferación de estos lugares exponga a los estudiantes de la institución Jesús María Bastos a flagelos como el alcoholismo o la prostitución, y ponga en peligro de homicidio a los feligreses de la congregación Misión Internacional que transitan habitualmente por allí
Las denuncias apuntan a que ninguno de estos establecimientos nocturnos cuenta con la insonorización reglamentaria que exige la norma anti ruido, lo que interrumpe sistemáticamente el descanso nocturno de los vecinos
Este problema tiene un impacto directo sobre la salud de los habitantes de la tercera edad, como el señor Teo, un residente afectado que padece problemas de salud graves derivados de la falta crónica de sueño y descanso a causa de la bulla de estos locales.
La crisis de seguridad y convivencia alcanza niveles de extrema alarma en el barrio Magdalena, donde los miembros de la Junta de Acción Comunal denuncian estar en la mira de la ilegalidad. La implementación del programa municipal «Vecinos Vigilantes» desató represalias letales contra la directiva del barrio.
Tanto el vicepresidente como la presidenta han recibido constantes amenazas de muerte y hostigamientos verbales en la vía pública por parte de expendedores de drogas y personas con frondosos antecedentes de homicidio y porte ilegal de armas.
Los líderes cuestionan seriamente cómo individuos con este perfil delictivo han logrado infiltrarse y tener acceso a los canales del programa de seguridad de la administración local.
Se reveló, que el pasado jueves, un habitante colaborador del barrio fue víctima de un violento ataque físico con arma blanca (puñaladas) perpetrado por consumidores y expendedores de estupefacientes que se aglomeran en el sector.
El domingo siguiente, una persona ajena al barrio fue herida con arma de fuego durante un atraco a mano armada.
“Los delincuentes se han apoderado de las amplias zonas verdes del barrio que requieren de poda urgente, y se han adueñado del polideportivo local”, expresó el representante de la comunidad ante el concejo laboyano.
En este escenario recreativo, amenazan descaradamente a los padres para que no jueguen con sus hijos y ya se han robado el cableado de iluminación en cinco ocasiones distintas.
Pese a la cercanía del CAI de la Policía, los delincuentes actúan con total tranquilidad aprovechando la falta de patrullaje efectivo y confrontación
Al intentar abordar directamente la inseguridad y las deficiencias en la gestión de podas, denuncian que tanto el alcalde como la Oficina de Gestión de Riesgos «se tiran la pelota» de una oficina a otra, ignorando sus llamados durante meses.
Frente a la gravedad de los hechos, se ha radicado una petición formal solicitando la instalación de cuatro cámaras de seguridad para proteger el área del polideportivo.
Asimismo, los representantes comunitarios exigen al Concejo y a la Alcaldía de Pitalito la creación de una mesa técnica que integre a la Secretaría de Gobierno, Planeación, la Policía Nacional, la Sijín y delegados comunales, con el fin de ejercer controles reales, hacer cumplir las normas de convivencia y recuperar la seguridad de un municipio que clama por orden y tranquilidad para las nuevas generaciones.
