La situación jurídica del guarda de tránsito Jorge Eduardo García Palacios, sobre el cual se emitió una orden de captura en el municipio de Pitalito por investigaciones relacionadas con el presunto delito de concusión, quedará resuelta a finales de esta semana.
Luego de ser presentado ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal para la realización de las audiencias preliminares de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el despacho judicial determinó suspender la diligencia y aplazar la decisión final para el próximo viernes. En esa jornada se definirá si el funcionario es privado de la libertad en un centro carcelario o si se le concede otro tipo de medida restrictiva.
Durante el desarrollo de las audiencias preliminares iniciadas a comienzos de la presente semana, la representación legal del funcionario manifestó su firme oposición a que García Palacios sea remitido a un establecimiento penitenciario. La defensa solicitó formalmente al juez de control de garantías que, en caso de imponerse una medida restrictiva de la libertad, se contemple la opción de la detención domiciliaria.
Entre los argumentos expuestos por los abogados defensores se destacó que el procesado cuenta con un reconocido arraigo en el municipio de Pitalito y es una persona distinguida dentro de la comunidad, por lo que sostienen que no representa un peligro para la sociedad ni para el normal desarrollo del proceso judicial. Estas consideraciones deberán ser ponderadas por el juez instructor al momento de pronunciarse sobre la medida cautelar este viernes. Cabe precisar que la captura según la información suministrada, se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial que permanecía vigente desde el año 2024.
Ante el procedimiento judicial en curso, la directora del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Dayana Porras, entregó las primeras declaraciones sobre el caso. La funcionaria confirmó que existía una orden de captura vigente contra el guarda de tránsito y precisó que el servidor público se presentó voluntariamente ante las autoridades competentes en razón de dicho requerimiento judicial.
Sin embargo, la directora enfatizó que la administración esperará a recibir la información oficial y de primera mano emitida por el órgano investigador judicial antes de emitir un juicio público o tomar determinaciones definitivas. Según explicó la titular de la cartera de tránsito, la entidad busca actuar con máxima responsabilidad evitando pronunciamientos basados en presunciones o rumores de pasillo.
Una vez el ente judicial certifique los detalles del expediente y defina la situación jurídica del funcionario, la institución emitirá un comunicado formal dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Asimismo, la directora aclaró que el instituto adoptará las decisiones administrativas correspondientes que en derecho procedan conforme a los fallos que determinen las autoridades judiciales.
La captura de Jorge Eduardo García Palacios se suma a otros hechos de presunta corrupción que han sacudido al Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito en el último año. En septiembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación, en un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar, desarticuló una red delictiva conocida como ‘Los Pitatoto’, señalada de gestionar trámites irregulares en la entidad.
En aquella ocasión, las autoridades hicieron efectivas 14 órdenes de captura contra agentes de tránsito, funcionarios, contratistas, tramitadores e incluso el exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito. A los procesados en dicho operativo se les imputaron delitos como concierto para delinquir, peculado, concusión, hurto y falsedad material en documento público.
De acuerdo con el expediente fiscal de ese caso, la estructura cobraba sumas de entre 100.000 y 1.000.000 de pesos por gestionar la devolución irregular de vehículos inmovilizados sin cargar las multas correspondientes, además de incurrir en el hurto y venta de autopartes como chatarra, la eliminación ilícita de infracciones del sistema y la expedición irregular de licencias de conducción y matrículas para maquinaria amarilla.
La repetición de estos episodios mantiene la lupa de las autoridades de control sobre los trámites e inspectores del Instituto de tránsito municipal.
