Acueductos rurales no dan abasto por proliferación de construcciones ilegales en Pitalito
La zona rural de Pitalito enfrenta una de sus crisis más agudas debido al crecimiento descontrolado de urbanizaciones ilegales, lo que ha llevado a los administradores de los acueductos veredales a tomar una postura radical: negar el suministro de agua a nuevos proyectos urbanísticos que carezcan de planeación y legalidad
Según los líderes comunitarios, la proliferación de estos loteos está rompiendo el equilibrio de la capacidad limitada de los acueductos, poniendo en riesgo el servicio para los usuarios antiguos
El tema fue abordado el pasado viernes durante la sección institucional “Y quien Responde” de la Poderosa del Huila.
Gilberto Rojas Sánchez, abogado y representante del acueducto de la vereda El Mortiñal, que surte a 352 familias, ha sido enfático en que no cederá ante las presiones de los urbanizadores
Rojas Sánchez denunció que el municipio actúa como un «espectador cómplice» ante delitos de urbanización ilegal, permitiendo que personas compren hectáreas para dividirlas en pequeños lotes de 100 o 200 metros cuadrados sin contar con escrituras reales ni licencias de subdivisión.
Por su parte, Germán Gonzalo Díaz, concejal y representante del Acueducto Regional San Francisco —el más grande del sector rural con 1,630 familias asociadas—, manifestó que han decidido blindar el servicio y no vender más derechos de agua a urbanizadores que solo buscan lucrarse a costa del esfuerzo comunitario
Díaz advirtió que la demanda está creciendo de forma tan desproporcionada que, de seguir así, la capacidad de suministro no alcanzaría ni para los próximos cuatro años
La falta de control de las autoridades no solo amenaza la disponibilidad del líquido, sino que está gestando un problema de salud pública y saneamiento ambiental
Los líderes señalan que se están creando «tugurios» en el campo, donde se venden lotes tan pequeños (como de 8 por 15 metros) que es imposible construir pozos sépticos adecuados, lo que resultará en vertimientos de aguas residuales a cielo abierto y olores nauseabundos para los vecinos
A pesar de las denuncias interpuestas ante la Oficina de Planeación y la Inspección de Policía, los representantes aseguran que no se ejecutan controles efectivos y que incluso autoridades locales, como los corregidores, han sido amenazados de muerte por intentar frenar estas obras.
El representante del acueducto regional San Francisco, fijó su postura en que no venderán derechos de agua a foráneos a quienes pretendan promover actividades urbanísticas en su sector en el entendido que deben garantizar el preciado líquido a su comunidad.
Gilberto Rojas Sánchez, enfatizó en la gran responsabilidad que tiene Planeación municipal para ejercer un verdadero control a través de la licencia de construcción.
Finalmente, los administradores de los acueductos hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que no compren lotes sin verificar la existencia de escrituras públicas, licencias de construcción y disponibilidad real de agua potable
Advirtieron que los acueductos rurales son autónomos y seguirán exigiendo requisitos legales estrictos para proteger las fuentes hídricas que tanto esfuerzo les ha costado mantener ante la ausencia histórica de inversión estatal.
