Bruselas: Una galería en ruinas y cobran impuestos de $100 y $120 mil por hacer uso del espacio una vez a la semana
La otrora pujante capital laboyana atraviesa por una profunda crisis de ordenamiento y justicia social, un escenario donde la paquidermia administrativa se cruza con la desesperación de los ciudadanos. Mientras el corazón comercial de Pitalito —su microcentro— se ve invadido por la proliferación descontrolada del comercio informal, relegando y asfixiando a los comerciantes formales, una comunidad clama por equidad ante una administración que parece haber perdido su brújula de empatía, liderazgo y diligencia.
El más reciente y doloroso ejemplo lo protagonizan los comerciantes y campesinos de la galería de Bruselas, un sector vital para la economía local que hoy se siente abandonado y castigado por la misma entidad que debería proteger su derecho al trabajo digno.
La voz de los trabajadores de la galería de Bruselas es un eco de la profunda falta de atención y el divorcio de la actual administración con la realidad de su gente. Estos laboyanos denuncian que las tarifas de impuestos, heredadas de gobiernos anteriores y aprobadas sin su conocimiento, son hoy excesivas e injustificadas para su economía.
La situación es crítica: un campesino que apenas logra bajar una tula de yuca o unos racimos de plátano para el sustento diario de su familia, debe enfrentar un impuesto de $100.000 o $120.000. «Todos estamos de acuerdo en contribuir con un impuesto justo, pero pedimos que se establezca un valor que realmente se acomode a nuestra realidad económica,» afirman los afectados en una misiva dirigida a la opinión pública.
El nivel de desconexión administrativa es tal, que en una reunión con el Secretario de Hacienda, la única «solución» ofrecida fue una frase que raya en la burla y la indolencia: con el actual nivel de trabajo, «era mejor no trabajar.» Este comentario no solo es una muestra de falta de empatía, sino que vulnera directamente el espíritu del Artículo 5 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce el derecho inalienable al trabajo digno.
La indignación de los comerciantes de Bruselas se agrava al ver el trato diferencial. La administración ha incurrido en una injusta comparación entre la plaza de Pitalito, que funciona a diario y con alto flujo, y la de Bruselas, cuyo mercado se realiza solo cada ocho días.
A esto se suman las condiciones indignas de la propia galería de Bruselas: un techo deteriorado que provoca inundaciones y gran parte del área descubierta. Mientras se exige un impuesto alto, no se garantiza un espacio de trabajo salubre y seguro.
Pero el problema es un síntoma de un mal mayor que aqueja a todo el microcentro.
La falta de liderazgo y diligencia de la administración actual es evidente en la incapacidad de ofrecer una solución justa y proporcional a los comerciantes formales. Lo que es peor, esta inacción se traduce en paquidermia y negligencia absoluta para controlar el desborde del comercio informal.
Hoy, el microcentro de Pitalito es un caos. Las calles están tomadas por puestos ambulantes que, si bien son el resultado de la necesidad económica, no han sido regulados, desordenando el espacio público y restando competitividad, flujo peatonal y ventas a aquellos que sí pagan impuestos, arriendo, servicios y cumplen con todas las cargas de la ley.
La administración está castigando la formalidad con impuestos asfixiantes, mientras premia la informalidad con una pasividad que ha convertido las calles en una selva sin ley de ordenamiento.
Los comerciantes formales de Bruselas llevan más de cinco meses buscando una respuesta favorable sin éxito. Su llamado al Alcalde no es una súplica, sino una exigencia de justicia fiscal y respeto por su derecho a la igualdad y al trabajo digno.
La comunidad formal de Pitalito espera que el Alcalde, en un acto de verdadera diligencia y liderazgo, escuche y atienda esta situación, revisando y ajustando los cobros para que sean proporcionales a la realidad económica de quienes, a pesar de las adversidades, aún creen en la formalidad y en el futuro de su municipio.
QUEJA CIUDADANA
