¿Carrusel de corrupción? Estarían alterando los informes de auditorías al interior de la Contraloría Departamental del Huila. Hay denuncia en Procuraduría y traslado a la Fiscalía General de la Nación por la presunta alteración de hallazgos

Investigación 

La servidora pública Edna Paola Coy Pineda, en su calidad de auditora de la Contraloría Departamental del Huila, ha interpuesto una grave denuncia ante la Procuraduría y la Auditoría General de la Nación, la cual corrió traslado posteriormente ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el ejercicio del control fiscal. La denuncia, radicada bajo la noticia criminal No. 410016000586202619384, señala directamente a Tatiana Leyva Cerquera, Contralora Auxiliar para el Control Fiscal, por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y abuso de función pública.

¿Qué sucedió?

Los hechos se originaron durante la ejecución de la Actuación Especial de Fiscalización D-098-2025, adelantada al municipio de Garzón, Huila. Según la denunciante, tras formular observaciones técnicas con incidencia fiscal y disciplinaria sustentadas en evidencias, su informe preliminar fue modificado sustancialmente por instrucciones presuntamente de la Contralora Auxiliar sin observar los trámites legales ni contar con su aprobación. 

“Durante el desarrollo de la auditoría se formularon observaciones sustentadas en el análisis técnico y en el material probatorio recaudado, las cuales fueron incorporadas en el informe preliminar elaborado por la suscrita. Posteriormente, la señora Tatiana Leyva Cerquera, en su calidad de Contralora Auxiliar para el Control Fiscal, impartió instrucciones dirigidas a modificar el contenido del informe preliminar, específicamente la descripción de una observación que había sido estructurada conforme a las evidencias obtenidas, actuación que, en mi criterio, desconoció el procedimiento previsto en la GAT 4.0 y afectó la independencia técnica del ejercicio auditor.” indica la denunciante. 

La funcionaria asegura que su firma fue utilizada sin su consentimiento para avalar un contenido que no reconoce y que altera el alcance de los hallazgos originalmente detectados, proyectando una falsa apariencia de legalidad frente al sujeto de control.

“Sin mi conocimiento, autorización o aprobación, fue elaborado y puesto en circulación un nuevo informe que contenía modificaciones sustanciales respecto del documento originalmente elaborado por la suscrita, en dicho documento fue utilizada mi firma, pese a que no participé en su elaboración definitiva, no revisé su contenido, no impartí aprobación para su expedición y nunca autoricé la utilización de mi firma”.

Cambió el impacto del hallazgo 

De acuerdo con el relato de los hechos, estas alteraciones habrían tenido como propósito disminuir el impacto de las observaciones fiscales relacionadas con la ejecución del convenio de asociación No. 034 de 2025 del municipio de Garzón. La auditora sostiene que este proceder impidió que los hallazgos fueran trasladados a las autoridades competentes, vulnerando los principios que rigen la función administrativa y el proceso de auditoría territorial.

“Las modificaciones efectuadas al informe, presuntamente, tuvieron como consecuencia alterar el alcance de una observación con incidencia fiscal, impidiendo que el hallazgo fuera trasladado a las autoridades competentes para que determinaran las responsabilidades correspondientes dentro de sus competencias legales”. 

Acoso laboral tras la denuncia 

Adicionalmente, Coy Pineda ha denunciado ser víctima de acoso laboral sistemático como presunta represalia por manifestar estas irregularidades. La funcionaria describe un ambiente hostil caracterizado por el envío constante de requerimientos y presiones injustificadas, incluso fuera de la jornada laboral, lo que le ha generado altos niveles de estrés y afectación emocional. Por esta razón, ha solicitado que estas conductas sean valoradas integralmente por las autoridades para establecer responsabilidades adicionales.

El caso ya se encuentra bajo la lupa de los entes de control. La Procuraduría Regional de Instrucción Huila confirmó la radicación de la queja bajo el número E-2026-378284, donde iniciarán las investigaciones disciplinarias a lugar; igualmente, desde el ente de control fue remitida a la Fiscalía General de la Nación, debido a la incidencia penal de la denuncia; la entidad ha iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer la autenticidad e integridad de los documentos públicos involucrados. 

La denunciante ha solicitado la práctica de pruebas técnicas, incluyendo el análisis de metadatos y correos institucionales, para demostrar la trazabilidad de las modificaciones realizadas al informe de auditoría: 

Respetuosamente solicito a la Procuraduría General de la Nación:

• Solicitar a la Contraloría Departamental del Huila la totalidad del expediente de la Actuación Especial de Fiscalización D-098-2025, incluyendo las diferentes versiones del informe preliminar, registros de elaboración y modificación, documentos electrónicos, correos institucionales, archivos digitales, metadatos y demás soportes que permitan establecer la trazabilidad documental.

• Practicar las declaraciones de los servidores públicos que intervinieron en la elaboración, revisión, modificación y aprobación del informe de auditoría.

¿Hay más denuncias?

Ante la gravedad de la denuncia, el Noticiero Andino consultó con el Contralor Departamental Wilson Diaz Sterling, quien indicó no haber sido notificado formalmente de la situación hasta el momento. 

En las pruebas adjuntas, la denunciante entregó el documento inicial con los hallazgos de una posible incidencia fiscal en su auditoría, la cual fue modificada posteriormente. 

Presuntamente, este no sería el único caso relacionado con esta misma práctica, lo que pondría en el ojo del huracán a la entidad de control quien se verá sometida a un exhaustivo seguimiento por parte de la Procuraduría, y ahora también de la Fiscalía General de la Nación. 

De comprobarse esta situación, se trataría de un posible carrusel de corrupción que dejaría en entredicho los informes entregados de las auditorías realizadas a los municipios y entes descentralizados.