Crisis de hacinamiento en los calabozos de la policía en Pitalito terminaron en nuevo amotinamiento
En la jornada de ayer 15 de septiembre se registró un grave intento de amotinamiento y alteración del orden público al interior de los calabozos de la estación de Policía de Pitalito.
Durante el enfrentamiento registrado en horas de la tarde, el personal policial tuvo que recurrir al uso de la fuerza y de gases lacrimógenos para controlar la conflagración entre los reclusos, dejando como saldo dos privados de la libertad lesionados que debieron ser trasladados de emergencia a un centro hospitalario.
La emergencia reflejó nuevamente el crítico estado de hacinamiento que se vive en el Centro de Detención Transitoria, en donde instalaciones diseñadas para albergar a un máximo de 15 personas mantienen de manera permanente a más de 60 u 80 detenidos, habiéndose reportado picos de hasta 98 reclusos, según familiares de los privados de la libertad.
Familiares de los capturados denunciaron condiciones deplorables de reclusión, señalando la disponibilidad de un solo baño para decenas de personas, celdas oscuras sin acceso a luz solar y detenidos que permanecen esposados o amarrados en el suelo en las afueras de la estructura.
Frente a este complejo panorama de orden público y vulneración de derechos fundamentales, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, requirió formalmente al alcalde de Pitalito, Yider Luna Joven, en el marco de una indagación previa disciplinaria.
El órgano de control exige explicaciones urgentes sobre la crisis institucional, la recurrencia de riñas y antecedentes de inestabilidad en la custodia, tales como la fuga de alias «La Muerte» ocurrida a finales de agosto.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas e informes de control, la raíz principal del colapso carcelario reside en la inacción y demora de la administración municipal para formalizar el convenio interadministrativo de traslado con el INPEC.
Esta omisión presupuestal y gubernamental ha impedido la remisión de los sindicados hacia el centro penitenciario y carcelario del municipio (EPMSCPIT), el cual cuenta con la infraestructura idónea para su reubicación formal.
El trámite para solucionar esta parálisis ha sufrido serios retrasos administrativos. Inicialmente, la alcaldía presentó un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por 90 millones de pesos que fue rechazado por ser inferior a lo asignado el año anterior. En este momento se encuentra en trámite un nuevo convenio por cerca de 160 millones de pesos, cuya demora en formalización coincide con los duros señalamientos de la Procuraduría.
Esta parálisis en el flujo de traslados afecta directamente la operatividad de la Policía Nacional en Pitalito, institución que ha ejecutado 573 capturas en lo que va del año, lo que representa un incremento del 25% respecto al periodo anterior. Sin embargo, el esfuerzo de los uniformados se ve contrarrestado al verse obligados a desviar personal de vigilancia callejera para custodiar las carceletas, una función carcelaria que no les compete por ley.
A la falta de traslados y a los constantes desórdenes se suman los avances de la indagación disciplinaria bajo el radicado IUS E-2026-486302, en la que se verifica además la omisión en la entrega de kits de higiene y menstruales para las mujeres privadas de la libertad.
La combinación de demoras en la firma del convenio, fallas de custodia e ineficiencia en materia de seguridad mantiene en máxima alerta a las autoridades y a la comunidad laboyana.
