El gobernador de Texas autoriza a las fuerzas estatales a detener a inmigrantes y enviarlos a la frontera

El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó este jueves a las autoridades estatales a regresar a los puertos de entrada fronterizos con México a los migrantes a los que detengan, lo que genera un posible enfrentamiento con el gobierno federal, encargado de manejar la política migratoria de Estados Unidos.

El republicano les dio dichas facultades a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública (DPS), entidades ambas estatales, a través de una orden ejecutiva.

La medida ha sido criticada por el gobierno de México.

Abbott afirmó que el fin de semana fueron detenidas 5.000 personas que cruzaron de forma ilegal a EE.UU., creando «una crisis en la frontera que atropella a las comunidades de la línea».

Josué Serrano, un migrante deportado, pone una cruz en la valla fronteriza en Tijuana.

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Aún no hay cifras de junio, pero en mayo se rompió el récord de cruces ilegales registrados. La Patrulla Fronteriza capturó a 177.000 personas, un 15% más que en abril. Y más de 60.000 personas hicieron más de un intento este mes para entrar a EE.UU.

Al anunciar la medida este jueves, Abbott argumentó que esta pretende «detener la empresa criminal que pone en peligro» a los que habitan las localidades fronterizas.

Llamado a declarar la «invasión»

La iniciativa responde al llamado que le hicieron varios condados del estado —Kinney, Uvalde, Goliad, Burnet y Medina— para que declarara legalmente la «invasión» ante la llegada de inmigrantes. Las autoridades locales pedían la deportación, a pesar de que es algo que solo corresponde al gobierno federal.

La declaración de «invasión» forma parte de un movimiento que argumenta que la Constitución de EE.UU. da una base legal a los estados para invocar los poderes de guerra.

La idea ha sido ampliamente criticada por los defensores de los inmigrantes y expertos jurídicos, que han advertido que el discurso forma parte de la campaña política del gobernador republicano, que busca la reelección en noviembre.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, en Eagle Pass el 23 de mayo de 2022.

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, en Eagle Pass el 23 de mayo de 2022.

Con su orden ejecutiva, Abbott pone a prueba los límites de la autoridad estatal en la materia. Y es a eso a lo que ha hecho referencia el gobierno de México en su comunicado de rechazo emitido este mismo jueves.

«En los Estados Unidos la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas».

Jeremy McKinney, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), también ha usado un argumento similar al condenar la medida de Abbott. «La estratagema política del gobernador es moralmente censurable e incuestionablemente ilegal», dijo.

Y añadió que la Constitución de los Estados Unidos deja en claro que la aplicación de la ley de inmigración es una autoridad federal y que los gobernadores de los estados no pueden establecer sus propias políticas.

«La Administración Biden debe responder rápidamente con litigios y recordarle al gobernador Abbott que la Constitución establece claramente cómo se supone que debe funcionar nuestra república democrática», insistió el abogado.

Pulso a la Casa Blanca

Desde que el presidente Joe Biden llegara al poder en enero de 2021, Abbott ha emprendido un pulso contra el gobierno federal demócrata, acusándolo de promover una política de «fronteras abiertas».

«A medida que los desafíos en la frontera continúan aumentando, Texas continuará tomando medidas para abordar los desafíos causados por la Administración Biden», insistió también este jueves.

Asimismo, la orden ejecutiva llega pocos días después de que el Tribunal Supremo diera un respiro a Biden, al permitir poner fin al programa establecido por su antecesor, Donald Trump, conocido como Quédate en México.

Los Protocolos de Protección al Migrante obligaban a los solicitantes de asilo a aguardar en México la resolución de su caso. Y el requisito había provocado tensiones diplomáticas entre Washington y México, que se oponía a la medida.

Este será uno de los temas que se aborden en la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, programada para el 12 de julio.

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