El sancionado exalcalde de Isnos, busca la anulación de sus sanciones y milloaria indemnización
La destitución del exalcalde de Isnos, Rigoberto Rosero Gómez (‘Don Panelo’), sancionado por la Procuraduría General de la Nación por una grave cadena de abusos de poder, no ha puesto fin a su batalla legal. Incapaz de refutar los fallos que lo encontraron culpable de acoso sexual y laboral, coerción y fabricación de pruebas, el exmandatario ha escalado el caso a los tribunales, buscando anular las sanciones e, insólitamente, reclamar una millonaria indemnización por supuestos perjuicios morales.
La historia de abuso se centró en dos pilares: el uso de la contratación pública como «botín» y el acoso sistemático a sus subalternas. Según la investigación, Rosero Gómez, en representación del Centro Democrático (periodo 2016-2020), implementó un mecanismo de coerción: exigía a las funcionarias firmar hojas en blanco al momento de su posesión. Estos documentos se convertían en «cheques abiertos para el abuso», utilizados posteriormente para simular renuncias y despedir a quienes se oponían a sus «brutales designios».
El caso emblemático es el de la médica Adriana Lizeth León Ortiz, gerente del Hospital San José de Isnos. Ella denunció que la renuncia utilizada para su desvinculación irregular en 2017 fue redactada en una de las hojas en blanco que él tenía en su poder. Adicionalmente, tanto León Ortiz como la funcionaria que la reemplazó, Ruth Mildred Puentes Montenegro, confirmaron haber sido víctimas de presiones a nivel sexual y laboral, acompañadas de veladas amenazas sobre la seguridad si se atrevían a denunciar.
A pesar de que la administración de Rosero argumentó que las renuncias habían sido «libres, conscientes y voluntarias», los estrados judiciales refutaron su versión. El Juez Segundo Administrativo de Neiva falló a favor de la médica León Ortiz en 2019, ordenando su reintegro e indemnización. El Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión, concluyendo que la renuncia «nunca existió» y que el exalcalde incurrió en ilegalidad, desviación de poder y falsa motivación.
Tras la ratificación de su destitución e inhabilidad por parte de la Procuraduría en noviembre de 2024, Rosero Gómez, a través de su defensa, ha iniciado una nueva «guerra jurídica» ante el Tribunal Administrativo del Huila.
Los argumentos centrales de su demanda son:
- Falta de Competencia: Alega que la Procuraduría General de la Nación carecería de competencia para sancionar disciplinariamente a servidores públicos de elección popular.
- Reparación millonaria: Además de buscar la nulidad de los fallos, Rosero Gómez ha reclamado el pago de una indemnización millonaria por los supuestos perjuicios morales y materiales causados a su imagen y credibilidad para ejercer cargos públicos.
La demanda fue admitida el pasado viernes por el Tribunal, abriendo un nuevo capítulo en este mediático caso de abuso de poder que ha conmocionado al Huila.
INVESTIGACIÓN: Periódico La Nación
