Gobierno Departamental no ha invertido ni el 50% de los recursos de seguridad para el Huila
En el marco de un tenso debate de control político adelantado en la Asamblea Departamental del Huila, los diputados citantes encendieron las alarmas ante la baja ejecución presupuestal en materia de seguridad y la persistente crisis de orden público que aqueja al territorio. A tan solo un año de culminar la administración del gobernador Rodrigo Villalba, las cifras presentadas por la Secretaría de Gobierno revelan que de los 72.000 millones de pesos destinados para fortalecer la tranquilidad ciudadana en el cuatrienio (71.400 millones apropiados en el Plan de Desarrollo «Un Huila Grande»), solo se han ejecutado 30.000 millones de pesos, lo que equivale a un preocupante 42% del presupuesto total a la fecha.
Durante la sesión plenaria, el diputado Omar Alexis Díaz cuestionó severamente la falta de planificación financiera y el fracaso de proyectos tecnológicos adoptados de administraciones pasadas, como el programa «Mi Barrio Seguro«, el cual terminó trasladando costos desproporcionados a las comunidades. Díaz advirtió sobre el impacto negativo de esta baja inversión: «A falta de un año solamente han invertido 30,000 millones de pesos. O sea, que el 42% de lo que prometieron se han invertido. Falta un año, vemos muy complejo que lo vayan a cumplir, pero desafortunadamente quienes pagan los platos rotos somos nosotros los ciudadanos porque no hay plata invertida en materia de seguridad». Asimismo, el corporado denunció que las cámaras de vigilancia se convirtieron en una carga tarifaria de energía para las Juntas de Acción Comunal y debieron haber pasado al control y mantenimiento de la Policía Nacional, señalando que «muchas ya ni siquiera sirven».
El Diputado Díaz también reprochó la destinación de más de 5.000 millones de pesos en capacitaciones y talleres que no mostraron resultados en la reducción de homicidios, lesiones personales ni riñas. Además, presentó un alarmante panorama de orden público por la presencia de estructuras disidentes de las FARC en la región: «Aquí tenemos la presencia de los tres grupos terroristas más peligrosos de las disidencias de la FAR que tiene Colombia. Los tenemos aquí en el Huila: aquí tenemos alias Calarcá con el Frente Iván Díaz, aquí tenemos la Segunda Marquetalia, aquí tenemos a alias Mordisco». Frente a este escenario, exigió que los recursos para el parque automotor de la Policía y el Ejército tengan una distribución específica por subregiones (norte, centro, occidente y sur), advirtiendo que de lo contrario «esto va a seguir siendo un saludo a la bandera y no vamos a tener resultados concretos».
Por su parte, el diputado Wilfred Trujillo visibilizó graves demoras en la entrega de infraestructura tecnológica clave para diversos municipios del departamento, así como el desembolso de cuantiosos recursos en equipos que hoy permanecen inoperativos. Trujillo señaló los retrasos en la instalación de cámaras de seguridad asignadas a Yaguará, Palermo y San Agustín, y cuestionó la adquisición de un dron de alta tecnología por 1.400 millones de pesos que aún no presta servicio: «Un equipo de alta tecnología como es un dron que valió 1,400 millones de pesos, se compró en un contrato del año pasado… lo entregaron ahorita en agosto y todavía hoy no entra en operatividad porque supuestamente no está la persona con las capacidades, con la idoneidad de poderlo tripular».
El diputado Trujillo criticó además la falta de evaluación en contratos como el de los gestores de convivencia, en los cuales se invirtieron 1.970 millones de pesos sin que se registre un impacto positivo o negativo claro en la convivencia ciudadana. Al analizar las metas del Plan de Desarrollo, el asambleísta enfatizó la urgencia de acelerar las inversiones restantes: «Hoy, después de 3 años prácticamente se ha gastado la suma de 30,000 millones de pesos, equivalente a un 42% del total de la ejecución. Luego significa que todavía a portas de quedar prácticamente a un año tenemos una ejecución del 58% que es muy preocupante de alguna manera para el tema de seguridad».
Al término del debate de control político, los corporados exigieron a la Secretaría de Gobierno presentar de manera inmediata un cronograma claro con las metas a cumplir durante el último año de gestión para sacar adelante el 58% del presupuesto pendiente. De igual manera, hicieron un llamado enfático al Gobierno Nacional para que cumpla sus compromisos de inversión en el departamento del Huila, entre los que figura la implementación de la línea de emergencias 123 para 13 municipios estratégicos, incluido Pitalito, y el fortalecimiento del parque automotor de la Fuerza Pública.
Finalmente, la Asamblea Departamental confirmó que mantendrá su ejercicio de fiscalización mediante visitas a los diferentes municipios para escuchar directamente a las comunidades y verificar el avance de las inversiones. Los diputados concluyeron que la contención de la delincuencia común y los grupos armados ilegales requiere que los recursos públicos se ejecuten con transparencia, oportunidad y asignación territorial precisa, garantizando la protección efectiva de la ciudadanía huilense.
