Investigan irregularidades en contrato de la ANT con RTVC por 15 mil millones de pesos

Existe la sospecha de que el oferente más adecuado no fue seleccionado adecuadamente desde los ámbitos técnico, financiero y operativo.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y RTVC Sistema de Medios Públicos, están bajo la lupa de la Procuraduría por una presunta irregularidad en la celebración de un contrato entre estas dos entidades por más de 15 mil millones de pesos.

La Procuraduría inició una investigación a 21 funcionarios y contratistas que hicieron parte de este convenio que tenía como objetivo gestionar la logística de eventos organizados por la ANT entre septiembre y diciembre del presente año.

Entre los funcionarios de la ANT bajo investigación se encuentran el secretario general, Daniel Medina González, así como Nury Luz Peralta, Julio César Cuastumal Madrid, Tony Luis Lozano Berrocal, Ana María Cadavid Escudero, Juan Camilo Cabezas, Juan Diego Gómez Vásquez, Claudia Patricia Herrera Logreira, Laura Andrea Botero Salazar, Gabriela Góngora Bermúdez y Andrés Felipe Alcalá Rodríguez.

También están siendo investigados los contratistas de la ANT involucrados en alguna fase de la estructuración del contrato, entre ellos Bibiana Marcela Linero Guiza, Melissa Paola Palmera Castilla, Esteban Castaño Jaramillo, Cristina Elizabeth Gelpud Bravo, Jeanneth Andrea Soto Pacheco, Ángela Tatiana Coy Cruz, Laura Cárcamo Cárcamo, Jairo Salamanca Grajales y Derly Dayanna Espinel. Además, el subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, Jorge Luis Arzuaga Cadena, está siendo objeto de la investigación.

El ente está examinando si la suscripción del contrato se ajustó a los estatutos internos de RTVC, ya que la experiencia atribuida a esta entidad no coincide con su objeto social, que se limita a la función de programar, producir y emitir canales públicos de televisión y emisoras nacionales de radio.

El Ministerio Público ha señalado posibles vulneraciones a los principios de economía, selección objetiva y transparencia.

Existe la sospecha de que el oferente más adecuado no fue seleccionado adecuadamente desde los ámbitos técnico, financiero y operativo, y que se aplicó un procedimiento de selección inapropiado para la naturaleza del objeto a contratar.

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