La famosa ‘Superliga’ impulsada por el Real Madrid y otros equipos llega a la justicia europea
La UEFA dictó sanciones financieras leves a los nueve clubes que iniciaron el proyecto en abril de 2021.
Un año después de haber estado a punto de hacer implosionar al fútbol europeo, el efímero proyecto de la Superliga europea llega el lunes y el martes al Tribunal de Justicia europeo (CJUE).
Al querer imponer sanciones a los clubes ‘rebeldes‘ que habían ideado ese proyecto de torneo privado al margen de las estructuras existentes, ¿pudo haber la UEFA abusado de su «posición dominante» como organizadora actual de la Liga de Campeones, la Europa League y la Conference League?
Esa cuestión, sometida el año pasado al CJUE por un juez de Madrid, es la que debatirán en el inicio de la nueva semana los magistrados de Luxemburgo, antes de tomar una decisión, esperada para finales de 2022 o principios de 2023.
La batalla de la Superliga puede parecer obsoleta para muchos, ya que el proyecto apenas estuvo realmente en pie un par de días tras anunciarse en abril de 2021, ya que la gran oposición encontrada en distintos ámbitos hizo que la mayor parte de los clubes implicados dieran rápidamente marcha atrás y abandonaran la idea.
Sin embargo, hay tres clubes (Real Madrid, FC Barcelona y Juventus) que se niegan a dar por enterrado el proyecto. Los otros nueve inicialmente inmersos en la aventura renunciaron y otros gigantes de Europa, como el Bayern Múnich o el París Saint Germain, nunca llegaron a formar parte del motín.
La UEFA, que dictó sanciones financieras leves a los nueve clubes ‘arrepentidos’, suspendió por su parte el expediente disciplinario contra los tres que persisten en la idea, a la espera de que concluya el procedimiento judicial.
Real Madrid, Barça y Juventus se exponen en un futuro a sanciones de importancia en un pulso que la UEFA considera muy importante, ya que el fantasma de una posible competición privada competidora con los torneos existentes es una cuestión de la que se ha hablado durante años, sin concretarse de manera clara hasta el anuncio de la Superliga en abril del año pasado.
Más allá del fútbol
Los clubes impulsores querían seguir en el fútbol el ejemplo de lo vivido en otros deportes, como en el básquetbol (una Euroliga semicerrada frente a la Liga de Campeones, relegada a un lugar secundario) o la natación (circuito ISL frente al circuito de la Copa del Mundo de la Federación Internacional).
También el lunes, el CJUE abordará el recurso de otro asunto, el litigio que enfrenta a la Federación Internacional de Patinaje (ISU) con dos patinadores de velocidad neerlandeses, a los que quiso suspender de por vida para evitar verlos participar en un proyecto surcoreano de competición privada, que no salió adelante por las reticencias de los deportistas ante las posibles sanciones.
El asunto de la Superliga europea de fútbol supera los límites de su deporte y pone encima de la mesa una pregunta: ¿las organizaciones deportivas europeas tienen el poder de defender sus intereses como organizadoras con estos métodos cuando el derecho de la competencia -igual que la libre circulación de personas invocada en 1995 en el fallo del caso Bosman- es un pilar de la construcción europea?
La UEFA defiende el modelo actual de competiciones por ser abiertas y por ir acompañadas de un sistema de redistribución de los ingresos con fines de financiación del deporte.
«La cuestión más importante es la proporcionalidad de las sanciones que la UEFA y la FIFA querían imponer», estima a la AFP Ben Van Rompuy, profesor asistente de Derecho de la Competencia en la Universidad de Leiden.
Apoyada por la FIFA, la UEFA había amenazado con excluir de las competiciones internacionales a los jugadores participantes en una Superliga europea, un arma disuasiva de gran severidad y que el tribunal podría analizar.
Por otra parte, los expertos esperan que el tribunal aclare la manera en la que una federación deportiva debe garantizar una igualdad de oportunidades.
«Por ejemplo, ¿debe privilegiar sus propios eventos en el calendario? ¿Hasta qué punto su obligación de no discriminación es estricta?», se pregunta Ben Van Rompuy.