Más de 46 mil hectáreas de zonas de protección serían adjudicadas por la ANT a indígenas del Cauca
Las autoridades del departamento del Huila han expresado una profunda preocupación ante el proceso que adelanta la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la adjudicación y ampliación de resguardos indígenas del Cauca en territorio huilense. Según denunció el alcalde de Isnos, José Alfredo Muñoz, la iniciativa de la ANT busca entregar 46.953 hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Natural Puracé a los resguardos Kokonuco y Yanacona de Paletará, lo que pondría en riesgo ecosistemas estratégicos del Macizo Colombiano.
Distribución territorial del proceso El proceso administrativo, respaldado por el auto 202476000030069 de la ANT con fecha del 25 de abril de 2024, contempla la realización de estudios socioeconómicos y jurídicos en predios de posesión ancestral localizados en varios municipios del sur del Huila. El área total de intervención en territorio huilense se desglosa de la siguiente manera:
San Agustín: 19.617 hectáreas.
Saladoblanco: 12.559 hectáreas.
Isnos: 7.739 hectáreas.
La Argentina: 7.036 hectáreas.
Riesgos ambientales y sociales
El director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), Camilo Augusto Agudelo, advirtió que estas tierras se encuentran en zonas de regulación hídrica y alta biodiversidad, donde habitan especies protegidas como el jaguar y el águila real de montaña. Agudelo señaló que los terrenos no cuentan con condiciones productivas para sostener asentamientos humanos, lo que generaría conflictos sociales y afectaría las bocatomas que abastecen de agua a diversos centros poblados.
Además, la Procuraduría Agraria Ambiental ha señalado que no existe presencia histórica ni actual de estos resguardos indígenas del Cauca en los territorios del Huila que se pretenden adjudicar.
Acciones legales para frenar la adjudicación
Ante la falta de claridad por parte de la Agencia Nacional de Tierras, la CAM y la Procuraduría han instaurado una acción popular con el objetivo de blindar las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos del departamento. Esta medida busca que la ANT se abstenga de entregar predios de conservación para fines de reforma agraria y que estas zonas sean administradas por las autoridades ambientales o municipales para asegurar su función de protección.
Los alcaldes de la región han aprobado un pronunciamiento conjunto de rechazo, exigiendo que la reforma agraria se realice en zonas con verdadera vocación agrícola y no en terrenos marginales de alta importancia ecosistémica.
