Ministerio de Salud tomó decisión de fondo ordenando el reintegro de los recursos para el hospital de primer nivel en Pitalito, determinación en proceso de notificación que deja en jaque la culminación de la obra
El Ministerio de Salud y Protección Social adoptó una decisión de fondo dentro del procedimiento administrativo de reintegro de los recursos asignados mediante la Resolución 1733 de 2023 para la construcción del Hospital de Primer Nivel de Pitalito.
La determinación quedó formalizada mediante la Resolución 1677 del 3 de agosto de 2026, expedida por la Dirección de Infraestructura y Dotación. En la actualidad, este acto administrativo se encuentra en pleno trámite de notificación formal a la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar, paso indispensable para que la decisión adquiera firmeza e indique formalmente el procedimiento y los términos mediante los cuales deberán restituirse los fondos públicos al Estado.
Esta medida de la autoridad sanitaria nacional deja en jaque la culminación de la obra física, la cual registra un modesto avance del 54% y se encuentra oficialmente suspendida.
La parálisis de las obras en campo se decretó mediante el Acta de Suspensión No. 1 del 25 de mayo de 2026 y se extendió a través de una prórroga firmada el 8 de julio de 2026.
Al exigirse el retorno de los más de $35.700 millones de pesos destinados al proyecto, la construcción queda sin financiación estatal para su continuidad, paralizando las obras e incidiendo de manera directa sobre la infraestructura de salud prometida a la comunidad laboyana.
El retiro de la financiación es el resultado de un extenso historial de requerimientos, alertas e incumplimientos por parte del Ministerio. La entidad formuló múltiples advertencias y exigencias de información a la E.S.E. desde finales de 2024. La presión institucional se intensificó en abril de 2025, cuando el Ministerio solicitó evaluar el inicio de acciones por posible incumplimiento contractual, notificando posteriormente más de doce reiteraciones formales de incumplimiento entre finales de 2025 y mediados de 2026 para exigir medidas administrativas y la devolución del dinero.
El punto decisivo se dio tras la elaboración del informe final de ejecución del 6 de abril de 2026, el cual dio apertura formal al procedimiento administrativo de reintegro. Aunque la E.S.E. presentó descargos e intentó hacer uso de su derecho de contradicción, la evaluación técnica y financiera del Ministerio concluyó de manera categórica que la entidad de salud local no aportó los elementos documentales ni los soportes suficientes que acreditaran la debida aplicación de los recursos transferidos.
A la parálisis física del hospital se suma la honda preocupación por la grave fragilidad e irregularidad de las garantías contractuales. Para amparar el contrato de obra No. 0508 de 2023 y acceder al desembolso del anticipo, el contratista Consultoría y Construcción S.A.S. (ConyCon S.A.S.) no entregó pólizas únicas de seguro expedidas por aseguradoras reguladas, sino contratos de fianza emitidos por la empresa «Afianzadora del Oriente».
Esta anomalía en las garantías agrava de manera crítica el panorama financiero. Tanto la Superintendencia Financiera como Colombia Compra Eficiente y Fasecolda han reiterado que las afianzadoras no están vigiladas ni autorizadas para amparar contratación estatal. Por lo tanto, al ordenarse el reintegro de los recursos públicos, no se contaría con una póliza auténtica que tenga la capacidad financiera ni la obligación legal de responder por los cuantiosos fondos exigidos, situación que se complejiza aún más dado que ConyCon S.A.S. se encuentra en proceso de insolvencia y registra embargos judiciales.
Esta coyuntura abre de par en par la puerta al avance de procesos administrativos, disciplinarios y penales, considerando que el proyecto arrastra serias investigaciones desde su propia fase de estructuración y adjudicación contractual.
El propio Ministerio de Salud radicó denuncias formales por presuntas irregularidades ante la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2025 y ante la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2025. Asimismo, la Contraloría General de la República acumuló las actuaciones en la denuncia fiscal código 2026-371948-80414-D para determinar las responsabilidades a que haya lugar.
Por ahora, todo el escenario institucional se encuentra a la espera de que culminen los trámites de notificación formal de la Resolución 1677 de 2026 a la E.S.E. Manuel Castro Tovar. Una vez notificado y ejecutoriado el acto administrativo, se definirá de manera clara el mecanismo para el reembolso voluntario de los recursos al Ministerio de Salud, o en su defecto, dará paso a la etapa de cobro coactivo para intentar recuperar el dinero del erario nacional.
