Personero de Pitalito fue destituido e inhabilitado por 10 años. Avanza investigación contra concejales que lo posesionaron

El 21 de septiembre de 2020, El Noticiero Andino denunció la presunta inhabilidad del personero de Pitalito Hernando Reyes Liscano, quien había vulnerado el régimen de inhabilidades para asumir el cargo, toda vez que tenía contrataciones con el ente territorial el año inmediatamente anterior a ser posesionado como representante de Ministerio Público en Pitalito.

Tres años y cinco meses después, y a pesar de haber entregado todo el material probatorio a la Procuraduría General de la Nación, por fin  sancionó a Reyes Liscano. Y es que no había mucho por pensar, los contratos fueron entregados ante el ente de control, y la ley 136 del 94 en el artículo 174 literal G es totalmente clara, “No podrá ser elegido personero quien, durante el año anterior a su elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas, u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o que deba cumplirse en el respectivo municipio” Es decir, Reyes Liscano no podía tener contratos en el 2019 en el municipio de Pitalito y tenía dos.

En razón a ello, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de diez años al personero de Pitalito Hernando Reyes Liscano, por violar el régimen de incompatibilidades.

En fallo de SEGUNDA instancia, la Procuraduría Regional del Huila con función especial de Juzgamiento confirmó que el funcionario se posesionó a pesar de estar inhabilitado para participar en el concurso de méritos convocado para proveer el cargo.

Los contratos firmados por Reyes Liscano consistían en brindar soporte técnico a los equipos de comunicaciones del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte -Intrapitalito-, y efectuar una campaña para la promoción de la salud y prevención de enfermedades, este último suscrito con la ESE Manuel castro Tovar.

Para el Ministerio Público el funcionario no manifestó que se encontraba inhabilitado para ocupar el cargo, razón por la cual, “defraudó la confianza de las personas encargadas de analizar sus antecedentes como participante, y afectó gravemente la igualdad de condiciones en relación con los otros participantes del concurso”.

Por tal motivo el órgano de control lo encontró responsable de dos cargos disciplinarios que fueron calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.

El concejo municipal de Pitalito, quien tiene la responsabilidad como nominador del cargo, será el encargado de emitir el acto administrativo que separe a Reyes Liscano, quien cumplía su periodo como Personero municipal este 29 de febrero de 2024. es decir, Reyes Liscano cumplió casi que a cabalidad todo su periodo, estando inhabilitado para ejercerlo.

OTRA INVESTIGACIÓN POR PORTE ILEGAL DE ARMAS 

El señor Hernando Reyes Liscano, también enfrenta otra investigación por porte ilegal de armas y falsificación marcaria ante la Fiscalía General de la Nación, pues en medio de un accidente de tránsito que fue intervenido por las autoridades de policía, se le halló en su poder una pistola automática con irregularidades en sus números de identificación y un permiso falso para porte de armas de fuego.

El permiso además, llevaba 13 años vencido, “El arma de fuego no tenía legibles los números de identificación…”, señaló el fiscal en la diligencia ante el Juez Segundo Penal Municipal de Pitalito, con Funciones de Garantías, el pasado 20 de enero de 2023.

El funcionario judicial acusó a Reyes Liscano como presunto autor del delito de porte de armas de fuego, accesorios, partes o munición, que contempla una pena de 9 a 12 años de prisión, y uso de documento falso, que tiene pena de 4 a 12 años de prisión. Reyes Liscano no aceptó cargos e irá a juicio oral acusatorio.

 

CONCEJALES INVESTIGADOS 

Ahora bien, la comunidad laboyana se pregunta por la responsabilidad de los concejales en la elección de Reyes Liscano, y es que hasta el momento avanza la investigación aperturada en la Procuraduría al corporado municipal, por haber elegido y posesionado a Reyes Liscano encontrándose incurso en una inhabilidad.

La Procuraduría formuló cargos contra David Melo Esguerra, Octavio Ordóñez Perdomo, Laureano Molina Scarpetta, Juan David Palomares Valencia, Germán Gonzalo Díaz Rodríguez, Óscar Ordóñez Gómez, Manuel Jesús Muñoz Valderrama, Yelmi Murcia Vargas, Armando Aguilar Trujillo, Diego Alejandro Vargas Cabrera, José William Arboleda Clavijo, Jairo Enciso Muñoz Bahos, José Manuel Molina Rodríguez y Guillermo Rodríguez Rojas.

En su pliego de cargos, la Procuraduría señala que los concejales habrían asumido “una conducta impasible, negligente e impávida, toda vez que acorde a los postulados legales y constitucionales, así como al reglamento interno del concejo municipal debían proceder a evaluar las hojas de vida y verificar el cumplimiento de las calidades requeridas para ser personero municipal… pero no lo hicieron”.

En el pliego de cargos proferido contra Reyes Liscano, La Procuraduría indicó que la universidad en su calidad operativa no estaba encargada de realizar un control más allá de la constatación de los requisitos que se exigía a los candidatos y que en efecto el elegido presentó. De está manera se prevé una responsabilidad de los Concejales quienes tienen la obligación como Nominadores del cargo, al efectuar la entrevista y otorgar un puntaje, de posesionar al personero de la terna entregada por la universidad.

Por todo esto, la entidad calificó la presunta conducta de los concejales investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

El ente de control informó mediante un comunicado que en este pliego de cargos también se compulsaron copias para que sean investigados los concejales Clarena Mora Méndez y Obdulio Daza Torres, quienes no habían sido vinculados al proceso previamente.

Los concejales quienes siguen manteniendo su fuero, como lo son Juan David Palomares, Jairo Muñoz, Manuel Muñoz, German Gonzalo Díaz, Octavio Ordoñez y Clarena Mora podrían ser destituidos de ser hallados responsables y los 16 concejales en su totalidad serían inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos.

 

 

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