Posible responsabilidad del alcalde Yider Luna en la parálisis del hospital de Pitalito, tras embargar al contratista ignorando la exoneración de estampillas
El seguimiento de investigación realizado por el Noticiero Andino sobre las obras de construcción del hospital de primer nivel en Pitalito ha puesto en el centro del debate la posible responsabilidad del alcalde Yider Luna en la parálisis de la obra.
La suspensión de los trabajos físicos y el retiro del personal operativo se derivan de la decisión de respaldar y mantener una medida cautelar dictada sobre las cuentas bancarias de la firma constructora Consultoría y Construcción S.A.S. (ConyCon S.A.S.) por un cobro coactivo de impuestos locales.
La investigación periodística deja al descubierto la contradicción institucional en el seno de la administración municipal de Pitalito. Mientras que la Secretaría de Hacienda impulsó el cobro tributario y el congelamiento de fondos al contratista por el supuesto no pago de estampillas municipales, la propia Oficina de Contratación de la Alcaldía ya había fijado una postura jurídica opuesta mediante la Circular Externa CIR/INT No. 002 del 14 de marzo de 2024.
Dicho documento institucional, firmado formalmente por Jonathan Reinerio Rubio Pérez, jefe de la Oficina de Contratación del municipio, instruyó de manera explícita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas sobre la exoneración del pago de estampillas. En el texto se aclaró que los contratos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) Salud y de la seguridad social no son susceptibles de legalización tributaria ni gravámenes territoriales, bajo el amparo estricto del artículo 48 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Pese a la instrucción expresa emitida por su propia oficina de contratación, el alcalde Yider Luna, actuando además como presidente de la Junta Directiva de la E.S.E. Manuel Castro Tovar, defendió públicamente la actuación de Hacienda. El mandatario local insistió en exigir la cancelación de las estampillas municipales, ignorando que el contratista sostenía legítimamente no estar obligado a pagar tributos territoriales sobre fondos de origen nacional, lo que terminó por desatar el estancamiento de la infraestructura.
Esta actuación de la alcaldía choca frontalmente con los conceptos jurídicos emitidos por la Subdirección de Infraestructura del Ministerio de Salud y Protección Social, suscritos por el subdirector Nelson David Hernández Pinto.
En respuesta formal enviada a la gerente de la E.S.E., Oriana Sofía Peña, el Ministerio precisó que los $35.736.914.746 pesos asignados mediante la Resolución 1733 de 2023 son dineros públicos con destinación específica, por lo cual se encuentran excluidos de cualquier gravamen o carga impositiva territorial.
Para respaldar la ilegalidad del embargo, la cartera sanitaria recordó que los artículos 9 de la Ley 100 de 1993 y 25 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 consagran la inembargabilidad estricta de los recursos de la salud. Asimismo, citó el artículo 63 de la Carta Política y el artículo 594 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), cuyo parágrafo ordena perentoriamente a las autoridades administrativas y judiciales abstenerse de decretar medidas cautelares sobre fondos destinados a la seguridad social.
El panorama para el municipio se tornó aún más crítico tras revelarse el contenido de la Resolución 001677 del 3 de agosto de 2026 del Ministerio de Salud, conocida en exclusiva por Noticiero Andino. A través de este acto administrativo, el Gobierno Nacional declaró la apropiación sin justa causa de las partidas financieras y ordenó a la E.S.E. Manuel Castro Tovar la devolución inmediata de una suma total que asciende a $42.211.245.400 pesos al Tesoro Nacional.
Esta cuantiosa orden de reintegro incluye los $35.736.914.746 pesos del capital inicial, más $5.495.179.454 pesos por la indexación del capital y $979.151.200 pesos por la indexación de los rendimientos financieros. El Ministerio rechazó los descargos de la E.S.E., señalando que, aunque la entidad alegaba un avance del 55,49 %, la realidad en terreno evidenció un retraso físico de 37,49 puntos porcentuales, reporte nulo de validación sustantiva y el abandono total de los frentes de obra.
Hoy, la combinación entre la traba tributaria promovida por la alcaldía y la inminente ejecución del cobro coactivo por parte de la Nación coloca al proyecto al borde del colapso definitivo.
La obligación de reintegrar los $42.211.245.400 pesos a las cuentas del Banco de la República, sumada a la parálisis generada por el embargo de las cuentas del contratista, amenaza con dejar a Pitalito sin hospital de primer nivel y convertir la inversión pública más importante de la región en un elefante blanco abandonado.
