Presuntas irregularidades ponen en riesgo ejecución del hospital de primer nivel en Pitalito
Un nuevo escándalo se desata por la adjudicación del contrato de construcción del hospital de primer nivel en la comuna uno de Pitalito; según el portal LA SILLA VACÍA los presuntos delitos de este contrato se derivan desde la consecución de los recursos, los cuales se movieron por presunto tráfico de influencias, hasta la adjudicación del contrato a un consorcio inhabilitado para contratar con el Estado hasta el año 2025 el cual no presentó una póliza de seguro habilitada por FASECOLDA entidad aprobada por la Superintendencia financiera.
A través de este medio nacional se denuncia la injerencia del hoy Magistrado de la corte y exsecretario Jurídico del presidente Gustavo Petro, Vladimir Fernández, quien habría sido el encargado de hacer la gestión de los recursos a nivel nacional; Vladimir Fernández es cuñado de Marco Molina, quien a la vez es cuñado de Juan Pablo Ricci Ruiz, a quien finalmente le fue adjudicado el contrato por $33 mil millones de pesos, para la construcción del hospital de primer nivel en Pitalito. Así las cosas, la gestión del recurso se derivaría en la posibilidad de ejecutar el mismo contrato.
La gravedad de las denuncias emitidas, radican en la inhabilidad de la empresa contratista. Según la SILLA VACÍA “la manera en la que se contrató la construcción del hospital con los 35 mil millones de pesos sí muestran que hubo un interés particular que terminó favoreciendo al cuñado del magistrado, y a un cuñado del cuñado”.
A renglón seguido, el informe indica que con la plata en las cuentas de la ESE Manuel Castro Tovar, en Pitalito se movieron rápido para dejar hecha la contratación antes de finalizar el 2023. El giro se autorizó el 27 de octubre y tres días después, el alcalde Edgar Muñoz dio luz verde para arrancar el proceso.
Como se trataba de mucho dinero, la gerente de la ESE, Oriana Sofía Peña Mazabel, necesitó una autorización de la junta directiva. El presidente de esa junta era el alcalde Muñoz. El 30 octubre la junta hizo una reunión exprés y Edgar Muñoz firmó el visto bueno.
La gerente Peña Mazabel dijo que para contratar la construcción del hospital y la interventoría a la obra debía conseguir un asesor jurídico externo. La ESE tiene su propio equipo jurídico y oficina de contratación, pero la funcionaria insistió en que era necesario contar con un abogado externo experto en temas de contratación pública. Y ahí emerge la figura del abogado Camilo Guzmán Torres, la persona que adjudicó el contrato que terminó favoreciendo al cuñado de Fernández, que había ayudado a bajar la plata.
Lo contrataron por 12 millones de pesos para que en menos de un mes montara los pliegos de condiciones, la evaluación y adjudicación de los 35 mil millones de pesos para la construcción del hospital y la interventoría.
En apenas dos semanas, el 30; ya tenía listos los estudios previos para abrir el proceso de contratación de la construcción del hospital por 34 mil millones de pesos. El resto, 1.600 millones de pesos, fueron para la interventoría. La ESE sacó el pliego de condiciones el 4 de diciembre y dio como plazo hasta el 13 de diciembre para recibir propuestas. En ese tiempo, un interesado pidió que se publicara el formato del presupuesto que se iba a pagar por la obra. Guzmán accedió y lo hizo el 11 de diciembre a través del portal de contratación Secop 2. La metadata del archivo publicado, según encontró La Silla Vacía, dice que el autor del documento es Licitaciones ConyCon SAS, no la ESE, ni la oficina de Guzmán.
Cuando se cerró el plazo para presentar ofertas sólo aparecieron dos oferentes: ConyCon SAS (Consultoría y Construcción SAS) Consorcio San Rafael (Integrado por Protelca y Construsar).
Es decir, ConyCon tenía información anticipada del proceso de contratación. Luego de recibir ofertas, el abogado Guzmán hizo una revisión exprés de las propuestas y dos días después, el 15 de diciembre, dijo que ninguno de los dos cumplía, pero que la de ConyCon era la menos grave porque solo le hacía falta un papel que certificara la propiedad de una máquina.
En Pitalito, ConyCon consiguió el papel que le faltaba, y así quedó como el único oferente habilitado a pesar de cargar sanciones previas y entregar papeles irregulares.
ConyCon es una empresa registrada en Bogotá de la que es socio principal el arquitecto Juan Pablo Ricci Ruiz. Él, a su vez, es cuñado de Marco Molina Gómez, el cuñado de Vladimir Fernández, quien dijo que fue quien consiguió bajar los 35 mil millones de pesos. Marco Molina está casado con Karla Ricci Ruiz, quien también figura como socia minoritaria de ConyCon. La plata que Molina aseguró haber gestionado terminó adjudicada a una empresa donde es socia su esposa.
Además de información privilegiada, ConyCon se ganó el contrato teniendo encima dos sanciones por incumplimientos de obras que no terminó en Bogotá y Antioquia.
Las leyes de contratación en Colombia dicen que cuando a un contratista le declaran el incumplimiento en una obra pública debe hacerse una anotación en el Registro Único de Proponentes, RUP, que es a dónde va el historial comercial de la empresa.
Esas mismas leyes dicen que cuando a un proponente le declaran el incumplimiento contractual en por lo menos dos contratos con una o varias entidades estatales durante los últimos tres años, queda inhabilitado por tres años para seguir contratando. A ConyCon le aparece esa inhabilidad en el RUP con vigencia hasta febrero de 2025.
El abogado Guzmán dice que no vio esas sanciones al contratista cuando revisó el historial comercial. Que debió ser que no estaban vigentes en el momento en el que le adjudicaron el contrato a ConyCon y que la empresa tampoco avisó de eso, aunque firmó una carta señalando que no tenía ninguna inhabilidad.
El 22 de diciembre, ConyCon firmó el contrato con la ESE, previo visto bueno del abogado Guzmán. El 27 se aprobó el acta de inicio, y de inmediato la empresa radicó una cuenta de cobro para que le pagaran el anticipo del 40 por ciento pactado, más de 13 mil millones de pesos. El 28 la ESE lo autorizó y la plata entró a una cuenta que ConyCon tiene en un fondo de rendimientos financieros.
Para poder ganar el contrato y conseguir el anticipo, ConyCon debió entregar unas pólizas contractuales, que son una especie de seguro o garantía de que va a hacer la obra y que no va a mal invertir la plata.
Esas pólizas las venden las compañías aseguradoras que son vigiladas por la Superintendencia Financiera y que en su mayoría están afiliadas en Fasecolda, el gremio de las aseguradoras.
Las pólizas que ConyCon presentó en Pitalito no son pólizas ni las expidió ninguna empresa vigilada y autorizada.
Los documentos que llevó el arquitecto Ricci Ruiz, como representante legal del contratista, son contratos de fianza que certificó una empresa que se llama Afianzadora del Oriente. Esa afianzadora fue creada en 2022 con un capital de 100 millones de pesos.
Esos contratos de fianza presentados en Pitalito no están autorizados para ese tipo de obras públicas. “La Superfinanciera ha reiterado que las únicas empresas autorizadas para entregar ese tipo de pólizas contractuales son las que ella vigila. Todas esas empresas están hoy en Fasecolda. La afianzadora que me menciona, no”, dice Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
El 3 de abril, tres meses después de que el contratista consiguió el anticipo, en Pitalito pusieron el primer ladrillo de la construcción del nuevo hospital. Estuvieron la gerente de la ESE, Oriana Sofía Peña, el exalcalde Edgar Muñoz, el nuevo alcalde Yider Luna y el secretario de Salud del Huila, Sergio Zúñiga.
Para ese momento los ruidos sobre la obra estaban haciendo mella en Pitalito porque se supo que en lo contratado no está contemplado el servicio de urgencias. Lo que se pretende hacer no alcanza para dejar cien por ciento funcional el centro médico. Algo que el secretario Zúñiga admitió en el evento: que los 35 mil millones no son suficientes y que, por ejemplo, para habilitar urgencias se va a necesitar más plata. Y se comprometió ante su ex esposa y los alcaldes aliados a hacer esa gestión ante el gobierno departamental.
INVESTIGACIÓN: LA SILLA VACIA
El carrusel de los cuñados: Vladimir Fernández y familiares movieron un contrato amañado para un hospital del Huila https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-carrusel-de-los-cunados-vladimir-fernandez-y-familiares-movieron-un-contrato-amanado-para-un-hospital-del-huila/
