Procuraduría abre indagación previa al alcalde de Pitalito, Yider Luna, por grave hacinamiento de detenidos en calabozos policiales
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, requirió de manera inmediata al alcalde de Pitalito, Yider Luna Joven, en el marco de una indagación previa disciplinaria.
El órgano de control exige explicaciones urgentes sobre la preocupante crisis de derechos humanos y el grave hacinamiento que se vive en el Centro de Detención Transitoria (CDT) del municipio. La falta de gestión oportuna ha derivado en problemas críticos de orden público dentro de las instalaciones transitorias, incluyendo riñas constantes y preocupantes fugas de detenidos.
La problemática de espacio físico en las carceletas de la Policía de Pitalito ha sobrepasado los límites de dignidad humana. Las celdas, diseñadas con una capacidad máxima para albergar únicamente a 15 personas, han tenido que sostener picos de más de 80 detenidos, y en este momento mantienen a más de 60 sindicados bajo un hacinamiento crítico.
Esta situación genera una vulneración sistemática a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en el municipio.
Según investigaciones periodísticas del Noticiero Andino, la raíz principal del colapso carcelario reside en la inacción administrativa de la alcaldía para formalizar el convenio interadministrativo de traslado con el INPEC.
Para mitigar la situación, inicialmente la administración presentó un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por un valor de 90 millones de pesos —una cuantía muy por debajo de lo asignado el año anterior—, el cual fue rechazado. Actualmente, restando menos de cuatro meses para que culmine el año, se encuentra en trámite un nuevo convenio por cerca de 160 millones de pesos, una demora que coincide con los señalamientos del ente de control sobre la falta de formalización a septiembre de 2026.
Por otra parte, la Policía Nacional en Pitalito ha demostrado un alto nivel de efectividad en sus operaciones de seguridad ciudadana, logrando realizar un total de 573 capturas en lo que va del año, cifra que representa un incremento del 25% respecto al año anterior.
No obstante, el esfuerzo policial termina agravando el embotellamiento en los calabozos debido a que la institución policial debe desviar a sus uniformados de las calles para custodiar a estos reclusos.
Esta es una labor de vigilancia carcelaria que no les compete por ley, especialmente considerando que el municipio cuenta con un establecimiento carcelario formal (EPMSCPIT) idóneo para su reubicación. La demora en habilitar este traslado debido a la lentitud o negligencia gubernamental sigue afectando de manera directa la reducción del hacinamiento en el municipio.
La lupa de las autoridades disciplinarias no se limita únicamente al traslado de reclusos. La Procuraduría también avanza en la indagación previa bajo el radicado IUS E-2026-486302 para verificar la entrega de elementos de higiene y kits menstruales a las mujeres recluidas bajo custodia del municipio, en cumplimiento de la Ley 2261 de 2022.
Este panorama de desatención generalizada ha facilitado eventos desafortunados como la reciente fuga de alias «La Muerte», ocurrida el pasado 31 de agosto de las carceletas de la policía, lo que deja en evidencia la inestabilidad de la custodia actual.
A todos los problemas, por la falta de resultados de la actual administración del “Gobierno de la gente”, de la falta de obras, planeación y cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo, se suma ahora esta indagación previa en donde el mandatario tendrá que entrar a responder por el hacinamiento y falta de efectividad con la SEGURIDAD, otra de sus banderas electorales, las cuales no se ven reflejadas en la tranquilidad de la comunidad laboyana.
