Procuraduría inicia investigación por velódromo inconcluso
Con el número de contrato 220 de 2014 y con un presupuesto de 4.401 millones de pesos asignados por el OCAD de regalías dio inicio el 11 de diciembre de 2014 las obras para la construcción del velódromo Centro Deportivo de Alto Rendimiento en el Valle de Laboyos.
La obra, que cinco años después no ha sido culminada, y que tuvo varias adiciones presupuestales y prorrogas para su construcción, presenta según la Contraloría Departamental un presunto detrimento patrimonial de 4.726 millones de pesos, por lo cual se ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en enero del año anterior.
“La obra no se encuentra terminada, ninguno de sus componentes se encuentra en condiciones de ser puesto al servicio de la comunidad por lo que no se encuentra en uso ni total ni parcialmente, en consecuencia no está cumpliendo la finalidad para la cual fue proyectada”, indicó en su momento la contraloría.
Sin embargo, a pesar de una nueva adición presupuestal de 1.336 millones de pesos, realizada en agosto de 2019 para la culminación de la obra, la misma no ha sido concluida por lo cual, la Procuraduría General de la Nación ordenó una visita que se llevó a cabo el pasado mes de octubre, en donde se verificó que con los recursos asignados por el anterior alcalde Migue Rico se concluyó el modulo de pista que estaba pendiente, con las barandas de seguridad y las marquesinas, igualmente se concluyó el anden localizado en la placa central y la pista, se instalaron las barandas de la gradería, se instaló la cubierta de la gradería y se realizó la parte eléctrica. Finalmente se realizó la instalación de todo el sistema hidráulico, incluida la fosa del pozo inyector.
Según el informe preliminar de la Procuraduría, hay ausencia total del revestimiento de la pista, al tiempo que se evidenció empozamiento de las aguas lluvias en el túnel de acceso de los ciclistas a la pista, la obra que ni siquiera ha sido estrenada presenta fisuras en el concreto de la superficie de la pista al parecer por no guardar las dilataciones suficientes para prevenir la fractura por dilatación. Se presenta un deterioro aislado en barandas, lo que podría ser causado por el abandono de la obra.
Debido a los hallazgos encontrados por un delegado de la procuraduría General de la Nación, se solicitó individualizar a los presuntos responsables de este elefante blanco, quienes serían Pedro Martín Silva, acalde de Pitalito para la vigencia 2012 – 2015, Cristina Morales Campos secretaria de planeación para la época, Ana Mercedes Peña Atahualpa, quien fungió como directora técnica administrativa y de contratación, Olga Lucia Acosta Guzmán secretaria de vías e infraestructura, Franky Alexander Vega Murcia, quien se desempeñaba como asesor jurídico del despacho del alcalde y Juan Carlos Bolaños Motta, asesor jurídico externo de contratación. De la misma manera serán vinculados los secretarios de vías e infraestructura de la anterior administración.
Según las conductas a investigar, están los dos contratos hechos por las anteriores administraciones que aún no han sido liquidados al momento, y una serie de documentación que no se encontró en el SECOP y sobre la cual no se encuentran algunas evidencias. Adicional, se manifiesta que no se subieron las ofertas ganadoras, las pólizas y el acto de aprobación de las mismas, acta de inicio del contrato de interventoría, actas de avance de la obra y los integrantes del consorcio adjudicatorio del contrato de la obra y del contrato de interventoría.
Este velódromo, fue incluido dentro de la lista de elefantes blancos del país, y podría dejar en serios problemas al ex alcalde Pedro Martín Silva y varios de sus funcionarios, en una obra que supera los 5.000 millones de pesos de presunto detrimento patrimonial.