TRAS SEIS AÑOS DE BATALLA LEGAL Y CON SU RIÑÓN AL BORDE DEL COLAPSO, UNA MUJER EN SAN AGUSTÍN CLAMA JUSTICIA ANTE LA INDOLENCIA DE ASMET SALUD Y CIRUGÍAS CANCELADAS.
La historia de Laura Marcela Muñoz Joaqui es el reflejo de un sistema de salud que parece haberle dado la espalda a la vida.
Desde hace más de seis años, esta habitante de la vereda Alto Naranjal, en San Agustín, Huila, junto a su padre Bolívar Joaqui Galindez, ha convertido los pasillos de los juzgados en su segundo hogar. La joven padece de hidronefrosis, una condición que ha provocado un deterioro progresivo y alarmante de su salud, poniendo en riesgo inminente su función renal. Según el clamor de su familia, su riñón agoniza con apenas un 20% de funcionamiento, mientras las respuestas administrativas se dilatan en el tiempo.
El pasado 12 de mayo de 2026, una luz de esperanza brilló para la familia cuando el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Agustín falló a su favor. La sentencia fue clara: Asmet Salud EPS y la Clínica Belo Horizonte debían garantizar de manera inmediata el procedimiento de «Pieloplastia Laparoscópica», además de cubrir los gastos de transporte y estadía para Laura y un acompañante desde su vereda hasta la ciudad de Neiva. El sistema judicial parecía finalmente haber escuchado el ruego de una hija y un padre desesperados.
Sin embargo, lo que debía ser el fin de una pesadilla se transformó en una cruel burla. La Clínica Belo Horizonte programó la cirugía para el 12 de junio de 2026 a las 7:00 a.m. Con esta programación, las entidades solicitaron al juez declarar el hecho como «superado» para evadir mayores sanciones.
Pero la realidad fue otra: el 9 de junio, apenas tres días antes de la intervención y cuando la familia ya preparaba el viaje, un frío mensaje de WhatsApp notificó que el procedimiento había sido «cancelado por motivos administrativos». La clínica incluso sugirió a la paciente gestionar con su EPS un cambio de prestador, lavándose las manos en un momento crítico.
Ante esta maniobra, calificada por la familia como «reprochable» y una «burla» a los derechos fundamentales, el señor Bolívar Joaqui ha tenido que radicar un nuevo incidente de desacato el pasado 23 de junio. En el documento, se denuncia que la EPS y la clínica utilizaron la programación de la cita como un instrumento de engaño para que el despacho judicial declarara la carencia de objeto, sin tener la intención real de cumplir con la cirugía. Mientras tanto, la salud de Laura sigue pendiendo de un hilo, agravada por la crisis interna de la EPS, cuyos funcionarios en San Agustín han manifestado estar en protesta por falta de pago de salarios.
Hoy, la familia Joaqui no solo pide una firma o un sello; claman por el derecho a la vida y la dignidad que la Constitución les promete pero el sistema les niega. La petición ante el juez es que se ordene el cumplimiento inmediato del fallo o, en su defecto, se impongan multas y órdenes de arresto contra los representantes de Asmet Salud EPS. Para Laura Marcela, cada minuto cuenta en una carrera contra el tiempo donde su riñón, y su vida misma, se agotan ante la indolencia burocrática.
