EMPITALITO contrata asesoría externa para proyectar la venta de antigua sede de la empresa de servicios públicos

El contrato le costará a las empresas públicas de Pitalito $42.840.000 y tiene como objeto el realizar una ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPAÑAR Y REALIZAR: EL ANÁLISIS NORMATIVO, PROCESO DE SELECCIÓN, EMISIÓN DE CONCEPTOS Y APOYO INTEGRAL EN EL TRÁMITE DE ENAJENACIÓN, VENTA, PERMUTA O ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P. 

Tal cual como lo había denunciado el pasado mes de agosto de 2025, el entonces concejal FrankY Vega, dos proyectos habían sido remitidos a la junta directiva que buscaban ser aprobados; el primero estaba relacionado con el aumento del salario para el nivel directivo de EMPITALITO, el cual fue aprobado de manera posterior pese a la polémica generada y ante la crisis financiera de la entidad; y el segundo estaba relacionado con el otorgamiento de facultades a la gerencia de Empitalito para la venta del predio donde estaban ubicadas las oficinas administrativas de la empresa antes de salir a pagar arriendo. 

Finalmente, la Junta directiva de la cual hacen parte representantes de cada una de las comunas y el vocal de control, le otorgaron facultades limitadas en las que solo podía contratar una asesoría legal, en donde se determine cual sería la mejor opción para las empresas públicas frente al futuro de este millonario predio. 

Sin embargo, y pese a toda la polémica generada por las demoras en la construcción del hospital de primer nivel de Pitalito, que hoy se encuentra en investigaciones por presuntas irregularidades desde el proceso de contratación, el contrato fue suscrito con el primo de Juan Pablo Ricci Ruiz; es decir con Jorge Pinno Ricci quien además defendió a la Unión Temporal Centros Poblados en el escándalo por el contrato con MinTIC para proveer internet rural en donde se perdieron $70 mil millones de pesos. 

Según los documentos oficiales de Empitalito E.S.P., la entidad justifica la contratación externa argumentando que, si bien cuentan con una Oficina Asesora Jurídica, esta dependencia se encuentra limitada operativamente debido a que debe atender múltiples funciones permanentes como la contratación general, procesos judiciales, jurisdicción coactiva y procesos disciplinarios. 

Por esta razón, la administración consideró que no tiene la capacidad para asumir de manera integral un trámite de «alta complejidad jurídica y técnica» como lo es la enajenación o adquisición de una sede administrativa.

Para legalizar este movimiento, el Director Administrativo y Financiero emitió una certificación de insuficiencia de personal, requisito indispensable para proceder con la contratación directa de servicios profesionales especializados que brinden el acompañamiento necesario en el análisis normativo y la protección del patrimonio público.

Las advertencias de Franky Vega

Esta decisión administrativa revive las preocupaciones expresadas por el entonces concejal Franky Vega en agosto de 2025. Vega cuestionó duramente la intención de otorgar «amplias facultades» a la gerencia para negociar los bienes inmuebles de la empresa sin contar con estudios previos de rigor.

Entre sus principales preocupaciones destacan:

• Vega criticó que se pretendieran dar facultades abiertas para vender el «lote antiguo» de la carrera séptima sin haber presentado primero un estudio técnico, financiero y económico ante la junta directiva.
• El exconcejal advirtió sobre el peligro de dejar facultades tan potentes en manos de una gerencia que podría cambiar en cualquier momento, lo que generaría una incertidumbre jurídica y administrativa a futuro.

Crisis financiera vs. Gastos de funcionamiento: Vega denunció que, mientras la inversión de la empresa está por debajo del 20%, los gastos de funcionamiento rozan el 30%. En este contexto, consideró incoherente priorizar la venta de activos y el aumento de salarios directivos en lugar de invertir en acueducto y alcantarillado.

El fantasma de «Interaseo»: En su intervención, hizo un llamado directo a la junta para actuar con coherencia y evitar que este proyecto terminara repitiendo errores de procesos cuestionados en el pasado, como el caso de Interaseo.

A pesar de estas alertas sobre la conveniencia económica y la transparencia del proceso, el contrato con Ricci Abogados S.A.S. ya es un hecho, y la millonaria asesoría deberá definir el destino de la sede administrativa de los laboyanos en el mes de junio.