Fue suscrito nuevo convenio para habitantes de calle en Pitalito entre críticas por el fracaso del asistencialismo, cuestionadas inconsistencias financieras por 445 millones de pesos y los crecientes problemas de inseguridad, salubridad y consumo de drogas

La Alcaldía Municipal de Pitalito concretó la firma de un segundo convenio para la atención de la población en condición de habitabilidad de calle, el cual cuenta con un aporte de 104 millones de pesos por parte de la administración municipal y 120 millones de pesos provenientes del PNUD. 

Sin embargo, el reinicio de este programa ha reavivado fuertes cuestionamientos por parte de la ciudadanía y sectores políticos, quienes señalan que se trata de una estrategia asistencialista que ha fracasado en mitigar el fenómeno, manteniendo una presencia constante e incrementada de personas en situación de indigencia en las calles del municipio.

La implementación del proyecto encierra una gran paradoja institucional; la propia Secretaria de Gobierno de Pitalito, Nataly Villarreal, reconoció públicamente que muchos habitantes de calle se niegan a trasladarse a sus lugares de origen debido al excelente trato que reciben por parte de los laboyanos y a la calidad de vida que encuentran en la localidad. 

Pese a esta lectura, la administración insiste en financiar un centro de atención integral en el salón comunal del barrio Villa del Prado para suministrarles alimentación, aseo y atención psicosocial, lo que en la práctica termina convirtiendo al municipio en un polo de atracción aún más llamativo para la población flotante en condición de vulnerabilidad.

A pesar que dentro de los objetivos del primer contrato suscrito, tenía en sus obligaciones el entregar un censo de habitantes de calle en el municipio de Pitalito, la jefe de la cartera de Gobierno, reconoció que a la fecha no se cuenta con una estadística  clara de habitabilidad en calle en Pitalito. 

En lugar de disminuir el impacto social, la continuidad de este modelo ha coincidido con el deterioro de la seguridad ciudadana, graves problemas de salubridad pública, mal aspecto urbano y un desbordado consumo de sustancias psicoactivas en diversos sectores. 

Un reflejo de esta crisis ocurrió recientemente en la calle 10 sobre el puente, donde transeúntes y conductores denunciaron a un habitante de calle que lanzaba piedras contra los vehículos en tránsito, impactando el parabrisas de una conductora y generando pánico colectivo ante el riesgo inminente de una tragedia.

El análisis económico de la estrategia evidencia un elevado costo para las arcas públicas: al primer proyecto denominado «Pitalito Solidario» (Contrato de Fomento No. 296 de 2025), ejecutado por la Corporación Floresencia por valor de $445.380.000 COP, se le  suman ahora los $224 millones COP del nuevo convenio. 

Diversos analistas y concejales critican la efectividad real de destinar más de 660 millones de pesos en proyectos de corto alcance, catalogándolos como esquemas de mitigación temporal que no atacan las causas estructurales de la adicción ni generan procesos medibles de rehabilitación o reintegración social definitiva.

Esta controversia sobre la efectividad se entrelaza con las graves denuncias por presuntas irregularidades administrativas y financieras presentadas por la concejal Sandra Calderón sobre la ejecución del primer contrato de 445 millones de pesos. 

Entre los hallazgos señalados se critica que más del 60% del presupuesto se destinó a la administración municipal y al operador, ejecutando más de 26 millones de pesos en

caracterización y más de 260 millones de pesos en amoblar la sede operadora, además de adquirir bienes industriales permanentes (lavadoras, congeladores y estufas) para un contrato cuya duración inicial era de tan solo cuatro meses.

Una de las denuncias más delicadas gira en torno al manejo de la denominada «Moneda Solidaria». Mientras en los estudios previos el esquema fue concebido como un sistema simbólico de puntos sin valor comercial para incentivar hábitos de aseo, en la práctica la administración municipal comercializó las monedas a ciudadanos y comerciantes por un valor de $5.000 COP cada una. 

Dichos fondos no ingresaron a cuentas bancarias oficiales del municipio ni contaron con soporte contable, sino que fueron manejados directamente por la Secretaría de Gobierno como una «caja menor» para pagar servicios públicos e internet del salón comunal de Villa del Prado, obligación que por ley debía asumir el presupuesto municipal.

Frente a estas denuncias, la Contraloría Departamental del Huila emitió respuesta oficial confirmando que abrió la Denuncia en Control Fiscal radicado No. D-024-2026. El organismo de control fiscal trasladó el caso a la Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal con el fin de adelantar un proceso auditor que determine si existió una gestión ineficaz, antieconómica o un presunto daño patrimonial al Estado por la

indebida planeación y manejo de los recursos públicos.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno —mediante respuestas firmadas por el ex secretario Francisco Javier Cardozo Tovar y declaraciones de la actual secretaria Nataly Villarreal, defiende la gestión argumentando que se construyó una línea base real pasando de 53 a 190 personas caracterizadas y brindando más de 3.600 atenciones integrales sin generar sobrecostos presupuestales. 

Asimismo, la entidad justificó que las inversiones en indumentaria y dotación realizadas en la primera fase sirvieron para dejar adecuada la infraestructura municipal que hoy permite dar continuidad al nuevo convenio.

En conclusión, el panorama en Pitalito refleja una brecha entre la defensa institucional de un programa que busca atender derechos fundamentales y la percepción de una ciudadanía que atestigua el incremento de la inseguridad y la indigencia a pesar de las millonarias inversiones. 

Mientras las investigaciones fiscales avanzan para esclarecer el manejo financiero del primer contrato, la comunidad exige replantear de fondo una política pública asistencial que parece incentivar la permanencia de la población en calle en lugar de ofrecer soluciones definitivas.