Alcalde podría ser sancionado por la invasión de espacio público en Trinidad, Valvanera y Quinche
El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva emitió una nueva providencia dentro del proceso de acción popular radicado por la ciudadana Martha Cecilia Rojas De Ortiz contra el Municipio de Pitalito y la Secretaría de Tránsito y Transporte (Intrapitalito), por la ocupación indebida del espacio público en los barrios La Trinidad, Quinche y Valvanera.
A través de auto fechado el 10 de marzo de 2025, el Despacho requirió a las entidades demandadas informar sobre las gestiones realizadas y su efectividad para dar cumplimiento a la sentencia emitida el 25 de mayo de 2010, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Huila el 8 de marzo de 2011.
Dicha sentencia ordena la recuperación plena del espacio público en las zonas afectadas, donde por años han operado talleres y establecimientos comerciales invadiendo aceras, antejardines y vías públicas.
En respuesta, Intrapitalito allegó informe detallado de actuaciones adelantadas entre junio de 2024 y marzo de 2025, acompañadas de registros fotográficos y documentos soporte. El Municipio de Pitalito, por su parte, remitió su respectivo informe indicando que, aunque se han implementado medidas de control, la persistente falta de cultura ciudadana ha impedido la recuperación efectiva del espacio público. También adjuntó imágenes recientes de las zonas intervenidas.
Sin embargo, el panorama descrito por la parte accionante contrasta fuertemente con lo reportado por las entidades. En memorial fechado el 17 de marzo, se señala que la situación lejos de mejorar, ha empeorado: más locales habrían abierto operaciones en plena vía pública, sus propietarios y empleados continúan trabajando sobre andenes y calles sin ninguna supervisión visible de la autoridad municipal.
Adicionalmente, denuncia que los controles realizados por los agentes de tránsito serían meramente superficiales y sin efecto duradero, ya que, tras su retirada, las actividades informales vuelven a desarrollarse con total normalidad.
En consecuencia, el Juzgado resolvió poner en conocimiento de las partes todos los documentos allegados, otorgando la oportunidad de presentar contradicciones, antes de tomar una nueva decisión sobre las medidas a implementar o las responsabilidades por el presunto desacato a la orden judicial vigente.
El caso sigue abierto y bajo estricta vigilancia del Juzgado, mientras crecen las tensiones entre la comunidad afectada, la administración municipal y los operadores del comercio informal que continúan ocupando espacios públicos en sectores residenciales de Pitalito.
